Rebeca Marín

Enero 18, 2020

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) emplazó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a aclarar a más tardar el 24 de enero, la aplicación de la retención del 6 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que tienen que hacer desde el 1 de enero de 2020 las empresas y personas físicas con actividad empresarial que realizan subcontratación.

“Se le requiere para que, en un término de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, manifieste cuál es la interpretación del contenido de la fracción IV del artículo 1-A de la Ley del IVA, en atención a las dudas que ha conocido Prodecon por parte de contribuyentes”.

La Miscelánea Fiscal 2020adicionó la fracción IV del artículo 1-A de la Ley del IVA, con el argumento de establecer la obligación para los contribuyentes contratantes delos servicios de subcontratación laboral uoutsourcing, de retención del 6 por ciento y enterarlo al SAT.

Sin embargo, expertos consideran quela redacción del artículo es ambiguay va más allá de la subcontratación laboral, por lo que se interpreta que la retención del 6 por ciento del IVA abarca al outsourcing,pero también a todo tipo de servicios que se contraten.

El artículo extiende la obligación al personal que preste los servicios incluso fuera de las instalaciones de la empresa contratante, estén o no bajo la dirección, supervisión, o dependencia del contratante.

Prodecon señala en el oficio que “se ha tenido conocimiento que existe incertidumbre por parte de diversos contribuyentes en relación ala interpretación que se le debe dar al contenido del artículo señalado, en cuanto a los supuestos en que deberá efectuarse la retención del 6 por ciento, toda vez que el artículo en su redacción es muy genérico”.

Gabriel Aranda, consultor fiscal y en seguridad social, consideró que es “indispensable” que el SAT aclare la retención del IVA mediante una regla miscelánea, para evitar interpretaciones incorrectas y afectaciones a profesionistas que asesoran a grandes corporativos o personas físicas que prestan diversos servicios a empresas, cuando no están en el esquema de outsourcing.

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