Martín Aguilar

El diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zavala, ratificó este lunes la solicitud de juicio político contra la diputada morenista Hilda Araceli Brown, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó recientemente por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero y extorsión a favor de una facción del Cártel de Sinaloa cuando fue alcaldesa de Playas de Rosarito, Baja California.

En un mensaje en video, Zavala informó que acudió a la Secretaría General de la Cámara de Diputados para formalizar la denuncia que había presentado desde el viernes pasado.

“Venimos a ratificar la demanda en contra de Hilda Araceli Brown, quien está acusada por el Departamento del Tesoro de colaborar activamente con el Cártel de Sinaloa. Cuando fue presidenta municipal usó la alcaldía para que esta agrupación tuviera las plazas más importantes y pudiera cometer actos ilícitos”, declaró.

El legislador de Movimiento Ciudadano subrayó que el fuero no debe ser utilizado como escudo para evadir la justicia.

El fuero ha sido importante para proteger a legisladores de ataques del gobierno, no puede ser un pretexto para evitar investigar a políticos acusados de contribuir con el crimen organizado. La Unidad de Inteligencia Financiera ya congeló las cuentas de la diputada Brown. Exigimos que se siga el procedimiento y enfrente a la justicia sin fuero Juan Ignacio Zavala.

Zavala agregó que casos como este representan una traición a la confianza de los bajacalifornianos y comparó la situación con otros procesos en los que, dijo, se ha usado el fuero como protección indebida.

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No puede seguir sucediendo lo que vimos en el caso de Cuauhtémoc Blanco, ni lo que ocurre con muchos funcionarios de Morena, Juan Ignacio Zavala.

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, Brown habría utilizado su cargo como alcaldesa para permitir que el Cártel de Sinaloa controlara territorios estratégicos en la frontera norte, facilitando actividades de narcotráfico, cobro de piso y lavado de recursos ilícitos a través de negocios locales.

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