Martín Aguilar

La Fiscalía General de Justicia capitalina investiga posibles fallas técnicas u omisiones normativas en el proceso de demolición en San Antonio Abad 124, donde tres hombres perdieron la vida por un colapso parcial.

Así lo informó en conferencia la fiscal general, Bertha Alcalde, al detallar que se analizan diversas líneas de investigación relacionadas con este hecho.

Entre algunos puntos, explicó, se investigan posibles incumplimientos en medidas de seguridad y protección civil, así como omisiones normativas en relación a la obtención de permisos y autorizaciones.

“En relación a posibles fallas técnicas en el proceso de demolición, hasta el momento se sabe que la empresa usaba un método de derribo progresivo, tenía el control. Entonces está haciendo una evaluación técnica muy importante en posibles fallas”, comentó.

Tras casi un mes del colapso parcial de un edificio en demolición en Calzada de Tlalpan, a la altura del Metro San Antonio Abad, la Fiscalía de Justicia capitalina informó que buscará una reparación integral para familiares de las víctimas.

“Hemos dado acompañamiento a las víctimas y vamos a respetar su voluntad si ellos quieren celebrar un acuerdo reparatorio o quieren avanzar en el proceso penal… En esta Fiscalía vamos a perseguir una reparación integral en relación a todos los conceptos que incluyen la reparación del daño”, indicó la fiscal Bertha Alcalde.

La indagatoria se desarrolla en un escenario de disputa entre niveles de gobierno por la atribución de responsabilidades sobre la obra: el gobierno central, encabezado por la morenista Clara Brugada, sostiene que la supervisión correspondía a la alcaldía Cuauhtémoc, mientras que la demarcación, gobernada por la opositora Alessandra Rojo de la Vega, insiste en que la autorización provino de instancias capitalinas bajo un esquema de “facilidades administrativas”

Sostuvo que la investigación se construye a partir de “distintas líneas de investigación que se requiere agotar”, entre ellas la actuación de la empresa encargada de la demolición y el cumplimiento de las condiciones legales y técnicas bajo las que operaba la obra.

“Primero, en relación a posibles fallas técnicas en el proceso de demolición”, dijo, y precisó que, hasta el momento, se sabe que la empresa “usaba un método de derribo progresivo y tenía el control sobre la demolición”, por lo que peritos ingenieros elaboran un dictamen técnico para determinar si existieron fallas en la ejecución.

Añadió que también se investigan “posibles incumplimientos en las medidas de seguridad y protección civil, omisiones normativas y de obtención de permisos o autorizaciones”, y enfatizó una línea que conecta con la actuación de autoridades: “Y no se diga también la eventual omisión en la supervisión o autorización”.

Sobre si hay funcionarios públicos involucrados, declaró: “Es una línea de investigación que vamos a agotar, para determinar si hay omisiones, de quién, y si estas omisiones están vinculadas al caso de manera causal; hay que recordar que estamos hablando de responsabilidad penal, no es responsabilidad administrativa, pero definitivamente esa es una línea que vamos a agotar”.

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