Diputados federales y el gobierno de Estados Unidos destacaron la necesidad de redoblar los esfuerzos para combatir la trata de personas, considerada como la esclavitud del siglo XXI.
La presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, comentó que nuestro país ocupa el primer lugar en materia de pornografía infantil, lo que implica que cada dos horas son abusados sexualmente dos menores.
“México ocupa el deshonroso primer lugar en producción de pornografía infantil, en México, con estos datos, podríamos estar comentando que a diario, cada dos horas, dos menores de edad son abusados sexualmente, esto implica que en México los niños y las niñas, no es un país seguro porque son violentados sus derechos en distintos aspectos”.
Además, México provee un 35 por ciento de menores que se encuentran en situación de trata de personas, con lo que ubica en el primer lugar en América Latina y dentro de los seis principales países con redes de tratantes, delito que genera ganancias de cerca de 42 mil millones de dólares a nivel mundial.
La legisladora refirió que aunque no existe información precisa, se estima que cada año son explotados entre 16 y 20 mil niños.
Ante este panorama, el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, reiteró el compromiso de su gobierno de trabajar hombro con hombro con las autoridades mexicanas para combatir este ilícito, aunque reconoció que la tarea no será sencilla.
“Estados Unidos ha trabajado y continuará trabajando hombro con hombro con el gobierno mexicano para combatir estos problemas, no vamos a eliminar a los depredadores de niños ni la trata de personas, sin embargo, gracias a la colaboración, esperamos descubrir nuevas herramientas y estrategias para proteger mejor a nuestros hijos”.
El diplomático estadounidense destacó que para concretar este objetivo, los gobiernos y las organizaciones tienen el reto de utilizar las mismas tecnologías que emplean los delincuentes.
A su vez, la diputada Juárez Piña refirió que también se requiere fortalecer el marco jurídico para contar con leyes que permitan castigar ejemplarmente a los tratantes de personas, así como establecer mecanismos para la reparación del daño a las víctimas.

FGR

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