Mujeres en prisión
¡Cuántas injusticias y maldades se cometen por mero hábito!: Terencio

Alma Carolina Viggiano Asutria

En los últimos días dos mujeres. Adriana Manzanarez y Esperanza Reyes, que han sido víctimas de las debilidades del sistema de justicia mexicano han puesto en evidencia que aún nos queda mucho por hacer en esa materia.
Adriana Manzanarez, integrante de la etnia nahua del estado de Guerrero sufrió en 2006 un aborto por el que padeció el escarnio de sus comunidad, fue detenida y condenada a 22 años de prisión. Tras un largo proceso, siete años de su vida pasó en prisión y distintas violaciones a sus derechos humanos, fue liberada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esperanza Reyes Aguillón, una mujer dedicada al trabajo doméstico y al cuidado de sus hijos, acudió en 2011 a una papelería a comprar una libreta para su hija, utilizó un billete de 100 pesos, probablemente sin saber que era falso y ello motivó su encarcelamiento. Su salario de 500 pesos semanales no le alcanzó para contratar una buena defensa, por lo que fue condenada a cinco años de prisión que, tras dos años de permanecer en la cárcel solicitó el apoyo del presidente de la república y hace unos días finalmente fue liberada.
De acuerdo con el primer Informe del Presidente de la república y a datos de la Comisión nacional de derechos Humanos, en el 2013 el número de personas que se encontraban encarceladas en prisiones federales y estatales ascendían a 246, 226 de las cuales 11 mil 819 estaba conformada por mujeres. De ellas ocho mil se encuentran recluidas por delitos del fuero común y 4 mil 104 es decir la mitad de ellas, siguen esperando que se les dicte sentencia.
Los delitos del fuero común por los que normalmente encarcelan a las mujeres son robo, lesiones y fraude. Pero el problema, más allá del delito por el que son encarceladas, está en la respuesta que las leyes y las autoridades ofrecen para sancionarlo, así como en la forma en que estas personas son tratadas durante el juicio al que son sometidas y las consecuencias que todo ello genera en su familia, en su salud, en su economía en la educación de sus hijos ya que todos ellos se convierten también en víctimas de nuestro sistema judicial.
Estos casos salen a la luz pública en un momento en el que la seguridad, la impartición de justicia y el sistema penitenciario luchan por recuperar la confianza de los ciudadanos y pone de manifiesto que más de hacer nuevas leyes o reformas el problema central está en la aplicación y en el compromiso ético de los servidores públicos encargados de aplicarlas y por supuesto en las deficiencias orgánicas y en la debilidad institucional.
Las decisiones que llevaron a estas dos mujeres a la libertad, constituyen actos necesarios para restituir su dignidad humana pero debemos admitir que esto no debió suceder así y por tal motivo resulta evidente la necesidad de adoptar lo antes posible, en todo nuestro país, el Nuevo Sistema de Justicia Pena, que garantizará la transparencia y celeridad de los juicios y una adecuada defensa para los acusados, sin olvidarnos de todos los derechos de las víctimas.
Es necesario también fortalecer la política de prevención social de la violencia y la delincuencia, que se ha convertido en una prioridad del sexenio del Presidente Peña Nieto. De lo contrario, seguirá siendo alto el riesgo de que los órganos encargados de impartir y administrar justicia, en el mejor de los caso se limiten a decir tan sólo el popular y famoso dicho: “usted perdone, tras haber pasado varios años en prisión, los cuales son determinantes en una persona y en su familia.
aviggiano
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