El consejo general del IEDF aprobó los criterios para evitar la promoción personalizada de servidores públicos, que puedan servir como promoción en campañas políticas o precampañas, por lo que estableció que cuando no se apeguen a los mismos, podrán ordenar medidas cautelares para lograr el cese inmediato de los actos o hechos presuntamente infractores o incluso sancionar de manera directa a los funcionarios señalados.
Luego de los señalamientos entre los partidos políticos, por el primer informe de gobierno de los jefes delegacionales, en la que indicaron han realizado más promoción de imagen personal, que informar a un año de su gobierno, el consejo general del IEDF decidió resolver establecer reglas para evitar que siga ocurriendo,
Al respecto, la consejera presidenta del IEDF, Diana Talavera Flores, afirmó que «Los Criterios que se presentan tiene por objetivo primordial establecer los parámetros generales que debe observar la propaganda institucional e informativa que se despliegue, con la finalidad de evitar la promoción personalizada de los servidores públicos con fines político-electorales, o mediante el uso de recursos públicos».
Con ello, explicó, se pretende garantizar a la ciudadanía del Distrito Federal su derecho a conocer lo que gobernantes y legisladores han logrado en su beneficio y al mismo tiempo evitar que con el empleo de recursos públicos los servidores se promuevan con fines de posicionamiento político-electoral, de cara al siguiente proceso comicial.
En sesión extraordinaria, los consejeros electorales aclararon que no se trata de reglamentar los informes de labores de los servidores públicos, que ya están regulados y son obligación, sino establecer cuándo cruza la línea de la rendición de cuentas, y deja de ser de carácter institucional e implica la promoción personalizada con aspecto electoral.
En este sentido el consejero electoral Mauricio Rodríguez precisó que dichos criterios no buscan reglamentar los informes de labores de los servidores públicos que se regulan en las leyes orgánicas y son un derecho y una obligación, “sino ubicar cuando una propaganda cruza la línea de la rendición de cuentas, deja de ser de carácter institucional e implica la promoción personalizada con cariz electoral, al incluir la fotografía y nombre del funcionario, colores partidistas y hasta la palabra voto”.
Por lo que enfatizó que las 40 direcciones distritales realizarán los recorridos que permitan identificar la colocación de propaganda que no se apegue al ordenamiento, y si ésta incurre presumiblemente en promoción personalizada, se ordenará al servidor público el retiro de la misma e iniciará el procedimiento sancionador en contra del involucrado”.
El consejero electoral, subrayó lo anterior, debido a que los representantes de los partidos políticos exigieron una actuación imparcial y firme por parte de la autoridad electoral que es el IEDF, y que debe mostrar una actuación completa y no a medias con estos criterios.
No obstante, el consejero electoral Mauricio Rodriguez coincidió con ellos en el sentido de que les hubiera gustado más, pero les recordó que estas reglas incluso con sus limitaciones son establecidas por los acuerdos entre las fuerzas políticas, por lo que hizo votos para que le entren en serio al tema.
De acuerdo con los Criterios, es promoción personalizada la propaganda que se difunda a través de prensa, mantas, bardas, anuncios espectaculares, volantes, o cualquier otro medio de comunicación explícita o implícitamente en favor de un servidor público, en la que se destaquen su imagen, fotografía, voz, cualidades o calidades personales, logros políticos o económicos y partido de militancia, entre otros.
Y, por el contrario, dijo, no se considerará promoción personalizada cuando se trate de propaganda que tenga por objeto difundir actividades informativas o realizar rendición de cuentas por parte de los servidores públicos. En este caso, la difusión deberá ir acorde con su naturaleza, circunscribirse a sus ámbitos de actuación, y su duración deberá limitarse para que cumpla con su objeto.
Dichos criterios serán enviados al jefe de Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa (ALDF), el titular del Poder Judicial en esta ciudad, y los jefes delegacionales, a los dirigentes de los partidos políticos a efecto de que lo hagan del conocimiento a los servidores públicos, y den cabal cumplimiento, se adopten las medidas necesarias, eficaces, idóneas, oportunas, jurídicas y razonables, a fin de ajustar su conducta y la de sus militantes y simpatizantes a los cauces legales y a los principios del Estado democrático.
Finalmente, sostuvieron que estos criterios entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal.

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