“Ten cuidado, porque están ejecutando a muchos periodistas”
Cortesia La Crónica
En la continuación de este relato, el reportero nos relata las interminables horas de incertidumbre y temor que vivió aún después de identificarse, al ser trasladado a instalaciones policiacas en Toluca y despúes a las de la Ciudad de México, lugares donde se le abrió una carpeta de averiguación con falsas acusaciones que quién sabe dónde quedó

“Ten cuidado, porque están ejecutando a muchos periodistas” | La Crónica de Hoy
(Segunda Parte)

La zozobra en el trabajo reporteril era ya una adversaria conocida. Cuando ese 12 de mayo el fiscal antisecuestros de la PGJ hurgó sobre alguna amenaza de muerte, sobrevino aquella memoria infeliz en Almoloya de Juárez, horas después de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán.

13 de julio de 2015, 15:30 horas…

—¡De periodistas como tú, están llenos los panteones! –sentenció el hombre, rifle en mano.

—Sólo hago mi trabajo —respondí entre tinieblas.

—De todas maneras te va a llevar la chingada —sentenció.

Al sujeto lo llamaban Samuel y, se sabría después, era comandante de la Procuraduría General de Justicia mexiquense en el municipio de Zinacantepec.

Entre él y otros tres efectivos de la dependencia empujaron a este reportero hacia el interior de un vehículo judicial con placas MTH4157. Eran Leonel Vargas, jefe operativo; un comandante de apellido Olín, encargado del municipio de Lerma, y Víctor Everardo Bringas, un subalterno de Isaac Carrera, fiscal de Toluca, también presente en el lugar y quien en realidad orquestaba el acoso.

Todo ocurrió en el patio de la casa de Calixto Estrada Castillo, referido por ejidatarios de la zona como el último dueño de la obra negra donde, dijeron las autoridades, desembocó el túnel de escape del Chapo, la noche del 12 de julio.

El enviado acudió al lugar en busca de entrevistarlo. La vivienda se ubicaba a un kilómetro del Penal del Altiplano, en dirección a Lerma. Ahí estaba ya la comitiva de la PGJEM, en interrogación hostil a doña María Teresa –esposa de don Calixto–, y a su nuera.

— ¿Quién es usted? Identifíquese –pidió el comandante Olín.

— Me identificaré con las dueñas –fue la respuesta.

La intención era entregar a doña María Teresa un papelito con los datos reporteriles, pero un judicial se interpuso: “Es mejor que te largues”. Primero los empujones fueron en dirección hacia mi auto, pero luego cambió la orden:

— ¡Mejor súbanlo a la unidad, a ver qué hacemos con él!

—Soy reportero, aquí está mi credencial del medio. Y tengo además un gafete de la Policía Federal que también me acredita como prensa: está mi nombre, y el del periódico –intenté mostrar.

Las identificaciones fueron arrebatadas, así como la libreta de apuntes y el teléfono móvil.

— ¡Te vamos a dar unos buenos madrazos! –amedrentó otro de los policías.

La retención en el vehículo oficial duraría unas tres horas. No hubo permiso ni para orinar y las bravatas subían de tono. Fue en ese lapso cuando el comandante Samuel se acercó a la ventana y comentó entre risillas:

— Así que tú eres periodista.

— Lo soy.

— De periodistas como tú están llenos los panteones.

Más allá de las seis de la tarde, otro de los jefes pidió refuerzos. Tardarían en llegar no más de 30 minutos.

— ¡Llévenselo a la mierda! —ordenó el fiscal Carrera.

Me cambiaron de auto, entre empellones. Durante el trayecto por calles polvorientas vinieron los momentos de mayor desazón, de soledad infinita y pensamientos negros. Por instantes de fe, de abrazos imaginarios con la familia…

¿Qué ocultaban?, ¿qué protegían?

Calculé una hora de recorrido. De repente asomó la sede central de la Procuraduría mexiquense, en Toluca. Festejé la vida, como jamás lo había hecho… En el MP debí padecer una desaseada procuración de justicia, ineficacia e incomunicación, pero al menos estaba vivo.

Siguió un vaivén de acusaciones y papeleos. Y lo inverosímil: aquel gafete de prensa de la PF era el sustento de la averiguación en mi contra:

—Lo acusan de usurpación de funciones, de ostentarse como efectivo de la Policía Federal –informó ya de madrugada la ministerio público María de los Ángeles Osorno.

—Pero ahí dice prensa, está el nombre del medio –se objetó en vano.

—Voy a ordenar que lo fichen –dijo la MP.

—¿Por qué tanta saña?

—Se lo voy a decir, pero aquí en corto: no tengo duda que usted es reportero, pero son órdenes de arriba.

—¿De quién?

—Del fiscal Isaac Carrera –balbuceó.

Quien declaraba en contra era Austroberto Aquilino, un ministerial sin participación en el rapto, pues sólo intervino en el operativo de traslado.

— ¿Por qué me denuncia, si ni siquiera estuvo presente? –le pregunté en un lapso de la espera.

— Es mandato de los jefes.

Elena Corrales, asesora del fiscal Carrera, intentó modificar la declaración ministerial, en especial los párrafos donde se señalaban nombres de quienes cometieron las tropelías, los cuales había obtenido en secreto con ayuda de un agente de la institución, conciente de los abusos.

“Esto lo voy a quitar, porque usted está en su derecho de presentar cualquier reclamación, pero cuando quede libre”, decía Corrales.

Si no suprimió el relato fue por la intervención milagrosa de dos defensores públicos.

Casi amanecía cuando se culminó el expediente. También se encontraban detenidos Cecilio Estrada Castillo, hermano de Calixto. Y Felipe Vázquez, otro de los vecinos.

— ¡Los vamos a trasladar! –gritó el judicial de guardia.

— ¿A dónde? –le pregunté.

— No tienes derecho a saber.

El destino fue la SEIDO, en la CDMX. Sumaron ahí otras nueve horas desesperantes: de las seis de la mañana a las 15:00 horas del 14 de julio, cuando se decretó la libertad. Se dio por extraviada la cartera, tarjetas de crédito y débito. Jamás fueron entregadas por las autoridades mexiquenses a la PGR.

El MP federal encargado del asunto refirió: “La carpeta no tiene pies ni cabeza. Éstos del Estado de México se han convertido en obstáculo para el caso del Chapo”…

La denuncia por aquella pillería se perdió en el órgano interno de control de la PGJEM. Además del periódico, se unió a la defensa la organización Artículo 19, pero no la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mareada por la indiferencia.

Veintidós meses después el peligro volvía a tutearme, con la llegada a casa de una corona fúnebre.

El episodio en Almoloya fue tema toral durante el encuentro con el comisionario Gustavo Luna, coordinador de Investigación de la Policía Federal. Nos reunimos al amanecer siguiente, el del sábado 13 de mayo, tras una oscuridad de desvelo.

— ¿Sabe usted si alguno de los judiciales involucrados en aquellos hechos fue recientemente sancionado? —preguntó.

— No lo sé… Por la tranquilidad de mi familia, me aparté del asunto.

— ¿Ellos conocieron su domicilio?

— Sí, porque se quedaron con mi credencial de elector y otros documentos con datos personales.

— Por ahí puede venir el hilo —dijo.

La trama de aquella reunión en la PF resultó similar a la de una noche antes, en la Fiscalía Antisecuestros de la ciudad: debí compartir detalles sobre redes sociales, números telefónicos, contactos en reclusorios, textos periodísticos de reciente publicación y posibles líos personales.

Luna también designó a dos agentes especializados para el caso. Ellos, se convino, me acompañarían a rendir declaración ante la SEIDO el lunes 15 de mayo, el mismo día del asesinato de Javier Valdez, periodista del semanario Río Doce, en Sinaloa, y de Jonathan Rodríguez, reportero de El Costeño, en Jalisco. El entorno de la prensa nacional se cimbraba de nuevo.

Antes de entrar a las instalaciones de la PGR, llamó mi madre:

— Sólo quería pedirte que te cuides, porque están ejecutando a muchos periodistas.

— No te preocupes, estoy bien –le respondí, sin atreverme a confiarle el pesar. Nunca lo hice, hasta ahora.

Las horas en la Subprocuraduría no resultaron distintas al imaginario: fue enfrentarse a un Ministerio Público burocratizado, acostumbrado a machotes, sin la flexibilidad de corazón para entender la tribulación ajena y hasta con dificultades técnicas para armar el expediente.

¿Dónde estará hoy esa carpeta?, ¿extraviada, abandonada?, ¿en qué archivo?

Comenzar a curar las heridas de los hijos era prioridad en los siguientes días. La búsqueda de un refugio seguro, para abrazar en paz. Aun así, los progresos familiares en la investigación superaron a los policiales: por medio de una amiga, supervisora en Telmex, se logró identificar el teléfono registrado por el vigilante del edificio cuando recibió la corona. Al principio, aparecía como número cancelado, pero luego se corroboró pertenecía a un local de flores en el Mercado de Jamaica. Ahí había sido comprada la corona en 2 mil pesos.

Con ese dato, la policía acudió al lugar para entrevistar al locatario. La información arrojada fue escasa. “Ese viernes por la mañana llegó al puesto un señor de traje y corbata. Quiero que me lleve esa corona, dijo, y enseguida me compartió los datos del nombre y dirección de envío. Pagó en efectivo y se marchó”, expuso el vendedor.

Las cámaras de seguridad de la zona estaban averiadas. Imposible seguir más rastros.

El miércoles 17 de mayo los policías federales a cargo del caso se presentaron en el fraccionamiento con la orden ministerial de rescatar el video de la cámara interna. A las 16:43 horas de ese viernes 12, se vio arribar el taxi con la corona triste sobre el toldo. Era un solo chofer, cliente frecuente de los floristas para entregar encargos. Tampoco hubo algún resquicio a favor de la pesquisa.

La llamada de extorsión prefigurada por comisarios y comandantes jamás se dio.

Hube de resistir días y semanas aciagos, una creciente ola de obsesiones y alertas, mientras Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX y presidente de la Conago alardeaba: “El ataque a periodistas no ha sucedido en nuestro territorio… En la Ciudad de México tenemos un protocolo, un mecanismo, y eso es lo que nosotros quisiéramos que hubiera en todos lados”. Lo percibí desde entonces como un político fantasmal.

Las noticias de compañeros ejecutados en otros estados de la República eran una punzada más en las entrañas. De junio a octubre se añadieron a la lista trágica: Salvador Adame, de Canal 6TV, en Michoacán; Edwin Rivera, freelance en Veracruz; Luciano Rivera, del Dictamen BC, en Baja California; Cándido Ríos, de La Voz de Hueyapan, en Veracruz, y Edgar Daniel Esqueda, de Vox Populi, en San Luis Potosí.

Once tumbas en el andar de 2017.

Del riesgo, no se salva ninguna ciudad.

Vivir del periodismo en México es también resurgir frente al miedo: en el hogar, sobre la banqueta, en el coche, frente al teclado y hasta en los sueños. Vencer, todos los días, pesadillas y sobresaltos.

Al apersonarse en el predio donde concluía el túnel construido para la fuga del Chapo, comenzó la odisea del reportero y de ahí, muchos días de incertidumbre.

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