BREVES DEL ESTADO DE MÉXICO

POR MARTIN AGUILAR

GOBIERNO DEL EDOMEX, SINDICATOS Y EMPRESARIOS FIRMAN ACUERDO

Con el objetivo de mejorar la vinculación entre trabajadores, empresas y gobierno, además de impulsar el desarrollo social de los trabajadores, fortalecer la prevención del delito en el entorno laboral y hacer más eficaz la solución de conflictos obrero-patronales, el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, firmó el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Alianza Laboral Mexiquense, donde también participarán sindicatos, el sector empresarial, así como los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Dicho acuerdo está alineado con la Agenda 2030, que impulsa la competitividad y la unidad de los factores de producción, así como la apertura y la pluralidad sindical.

Del Mazo Maza resaltó el impulso de una nueva Agenda Laboral, enfocada a una estrategia de regionalización laboral, lo que permitirá crear empleos cerca de los hogares; fortalecer el trabajo digno, la inclusión laboral y la capacitación continua, así como impulsar la seguridad al interior de las empresas, en sus inmediaciones y en el transporte público.

Por su parte, la presidenta Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), María de Lourdes Medina Ortega, señaló que la paz laboral y la vigencia de los derechos de los trabajadores en un entorno de competitividad, son los elementos primordiales para lograr un avance en esta materia.

DIPUTADOS MEXIQUENSES VAN POR REMOCION DEL AUDITOR

Luego de que se detectaran omisiones en el cumplimiento de su responsabilidad en la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2017, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura mexiquense, Maurilio Hernández González, informó que mañana iniciará el proceso de remoción del auditor del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Fernando Valente Baz Ferreira, y anunció que buscarán una revisión a fondo y estructural al organismo para hacer una limpia al interior del mismo.

El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados local negó que exista una cargada en contra del auditor; sin embargo, dijo que es una decisión irreversible, al tiempo en que consideró indispensable revisar a fondo el trabajo de los 300 auditores que forman parte del OSFEM, para vigilar que cumplan de manera puntual y eficiente con su tarea, ya que es inaceptable que, cerca de mil auditorías a municipios y órganos autónomos, no se encontraran inconsistencias y, por ende, no se aplicará ninguna sanción.

Indicó que será mañana cuando el dictamen de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, se presente ante el pleno de la Legislatura mexiquense, como lo establece el resolutivo Octavo, Artículos 18, 19 y 20 de la Ley de Fiscalización de la entidad; no obstante, confió en que haya una mayoría que apruebe el inicio del proceso de remoción.

SOLO 15 % DE LOS MUNICIPIOS CUENTAN CON UN ATLAS DE RIESGOS

De los cuatro mil 459 municipios que existen en el país, solo 375 tienen un Atlas de Riesgos y de éstos, solo 133 lo tienen actualizado hasta el 2011, a pesar de que éstos deben actualizarse cada dos años, como lo establece el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), informó el geólogo y profesor en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José María Chávez Aguirre.

Al participar en la firma de un convenio de colaboración en la investigación y estudios sobre temas metropolitanos entre el Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza y la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, el académico indicó que la mayor parte de los Atlas de Riesgos existentes tienen deficiencias, ya que solo caracterizan el peligro y no determinan los índices de peligro, vulnerabilidad y riesgo.

Chávez Aguirre criticó que más del 80 por ciento de los Atlas de Riesgos fueron hechos por consultores independientes, en donde no hubo la supervisión de una institución gubernamental especializada en esta materia, mientras que, en 10 por ciento de los casos, las autoridades no tienen conocimiento de quién los elaboró y en solo cuatro por ciento participaron organizaciones especialistas en ello.



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