POR MARTIN AGUILAR

Luego que un juez federal del Estado de México concedió otras dos suspensiones definitivas para mantener las obras del aeropuerto en Texcoco, lo que impide provisionalmente la construcción en Santa Lucía, proyecto que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El colectivo #NoMásDerroches, integrado por organizaciones como Causa en Común, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C. (COMEXDH), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Consejo General de la Abogacía Mexicana, mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), ha promovido hasta el momento 147 juicios de amparo, de los cuales, suman siete suspensiones otorgadas.

En lo que se refiere al Juez Octavo de Distrito con sede en el Estado de México emitió dos sentencias interlocutoras en amparos tramitados contra la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco en las que concedió la suspensión definitiva hasta que se dicte una sentencia definitiva de amparo.

Por su parte, la Barra Mexicana de Abogados aseguró que las advertencias del PresidenteAndrés Manuel López Obrador sobre mostrar a quienes promuevan amparos contra las obras del Aeropuerto de Santa Lucía, atentan contra el Estado de Derecho.

Según el colectivo, actualmente las obras están al 30 % y restan tan solo 88.000 millones de pesos (unos 4.585 millones de dólares) de dinero público, dado que la mayoría de fondos salen de inversiones privadas, con respecto de Santa Lucía donde actualmente existe una base aérea militar, alegan que no se cuentan con los estudios correspondientes para construirlo, motivo por el cual un juzgado ha paralizado el proyecto.

Luego que la semana pasada, luego de conocerse la cancelación de Santa Lucía por parte del Poder Judicial, el presidente, Andrés Manuel López Obrador no dudó ni un minuto en manifestar que se trata de una estrategia de sus "adversarios", quienes, dijo, tienen sus propios intereses políticos y económicos.

De acuerdo a algunos especialistas en Derecho, en caso de que el Gobierno desacatara así la orden del Poder Judicial, el abogado señaló que los funcionarios responsables se enfrentarían a una pena de 3 a 9 años de cárcel, lo que sigue ahora es defender en segundas instancias estas suspensiones para conseguir que se confirmen por parte del superior jerárquico en los juzgados de distrito.

Ya que en caso de que el arranque de Santa Lucía se demore un año, el presidente no tendría el tiempo suficiente para construir uno de los proyectos insignes de su sexenio, sería muy difícil que AMLO, no se lanzaría al costo político de dejar una obra inconclusa.

Por su parte, Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Coparmex, negó tener algún interés económico o político al promover un juicio de amparo en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, al argumentar que es de “defensores de que el país cuente con una mejor infraestructura y una mejor conectividad”.

Señaló que, aunque tiene ningún interés económiconi tampoco político, es simplemente mi deber ciudadano de hacer valer el estado de derecho, en una democracia lo más normar es que haya puntos de vista divergentes y nos parece que tratar de caracterizar a quienes tenemos un punto de vista distinto como conservadores, como que hay un interés económico o político, es faltar al sentido básico de la democracia.

No olvidemos que, en mayo de 2018, el presidente López Obrador, siendo en ese momento candidato, se comprometió a “que si el Aeropuerto de Texcoco se concluía con recursos privados y el gobierno hubiera obtenido el reembolso de lo invertido él estaba totalmente de acuerdo con que se construyera”, afirmación que no se cumplió.

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