Por Pedro F. Tello G.

Este mes de junio, la Revista Contralínea publicó un artículo titulado “Desaparece de Función Pública auditoría que revela corrupción del expresidente Fox” en el cual se afirma que:

“La Secretaría de la Función Pública (SFP) extravió de su archivo histórico la auditoría (N°) 2015 que documentó la participación del ex presidente Vicente Fox Quesada en actos de corrupción ocurridos a inicios de su gobierno, durante la remodelación de la residencia oficial de Los Pinos: residencia Miguel Alemán, cabañas 1 y 2, obras exteriores y casa anexa, con un costo para el erario de más de 61 millones de pesos.”

En dicho artículo, se anexaron diversos documentos relativos a la arriba mencionada auditoría número 2015, donde puede verse la solicitud de información hecha por esa revista, copia de algunos documentos de la auditoría que se afirmó fue extraviada y las actas de destrucción de los archivos de la SFP, además de citar declaraciones de “auditores” que participaron en dicha revisión.

Asimismo, al revisar la documentación que anexa Contralínea; podemos encontrar que la carátula del Informe de Auditoría N° 2015 de fecha del 28 de junio de 2001, realizada por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM hoy Secretaría de la Función Pública) indicaba, que dicha auditoría analizó 4 contratos relacionados con las cabañas 1 y 2, obras exteriores y casa anexa de la residencia oficial de Los Pinos.

Según información anexa al artículo, los contratos auditados fueron los siguientes:

De lo anterior, se desprendieron observaciones consistentes en: contratación por Adjudicación Directa de los contratos que debieron licitarse por su monto, beneficiando a la empresa “Humberto Artigas y Asociados S.C.”; subcontratación de obra sin apego a la normatividad; duplicidad de contratos; convenios realizados por montos superiores al 25% que marca la ley; celebración de convenios inmediatamente después de firmar los contratos y pagos irregulares de facturas.

Cabe señalar queMiguel Badillo publicó el 26 de diciembre de 2011 en el portal Oficiodepapel.com.mx, un artículo que habla de la misma auditoría y aclaró que la SFP en el 2011, clasificaba como confidenciales los archivos de la auditoría, calificando el caso de impunidad presidencial, ya que relacionaba en ese artículo los mismos contratos, las mismas observaciones y concluyó que esas irregularidades venían desde el ex presidente Vicente Fox y que a su vez, el también ex presidente Felipe Calderón no quiso sancionar.

Es importante destacar que en las auditorías practicadas a la remodelación de los Pinos y de las cabañas 1 y 2 en el 2001; también se desprendieron otros escándalos como el de “las toallas de Fox” que hablaba de la adquisición de toallas con valor de $400 dólares americanos cada una y la adquisición de cortinas eléctricas a control remoto para la residencia oficial con un valor de $17,000 dólares americanos; dicho escándalo resonó a nivel mundial, en medios como la BBC de Londres en el 2001.

Es importante considerar que tanto el artículo de Contralínea como el de Oficio De Papel concluyen que hubo impunidad y no se menciona que sucedió con los funcionarios involucrados.

LOS INVOLUCRADOS

La Auditoría N° 2015 contiene un “Anexo B” donde se aprecia el nombre de nueve funcionarios relacionados con las omisiones e irregularidades cometidas de acuerdo con los documentos firmados; aclarando que según la publicación de Crónica, dichos servidores públicos ya fueron sancionados:

El 1 de diciembre de 2008, José Contreras de la Crónica, publicó la relación de funcionarios sancionados y consideró que las sanciones impuestas a los funcionarios, fueron a su criterio demasiado benévolas para los infractores, ya que los montos observados fueron por más de 61 millones de pesos y el propio contratista, Humberto Artigas (beneficiado por esos contratos) declaró a los auditores que realizaron la auditoría en cuestión, que los contratos le fueron adjudicados directamente por instrucciones del entonces presidente Vicente Fox.

Cabe señalar que el caso fue denunciado también por Ricardo Monreal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en el 2007 por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y otros cargos penales, anexando como prueba el expediente de la Auditoría N° 2015 con más de 500 fojas. Sin embargo la investigación de la PGR no produjo ninguna sanción contra Fox.

Por otra parte hay que considerar que el expediente de la Auditoría N° 2015 se dio de baja definitiva en el año 2012, porque el Archivo General de la Nación (oficina que lo custodiaba) ordenó su destrucción como parte de otros archivos, porque la Ley Federal de Archivo vigente a esa fecha, ordenaba conservar únicamente por 10 años los archivos fiscales y en este caso ya se había cumplido el plazo de custodia.

Es importante destacar que aunque resurja el tema de la Auditoría N° 2015 relacionado con la remodelación de las cabañas 1 y 2 de los Pinos, donde habitara Vicente Fox cuando fue presidente, difícilmente se va a poder sancionar a algún otro funcionario por ello, ya que al haber sido turnado a la SFP y a la PGR para su revisión y sanción, se puede considerar ya como cosa juzgada; además de que el expediente que sirvió como fuente de las acusaciones ya no existe por disposición de la Ley Federal de Archivo, además de que las responsabilidades derivadas de los hechos observados, ya están prescritas conforme los criterios de la Ley Federal de Responsabilidades.

Si bien el proceso que siguió la Auditoría N° 2015 pudo haber sancionado a los implicados con mayor dureza, en este momento no se le podría exigir a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que persiga y sancione a los implicados, porque básicamente ya no es posible, porque están prescritas las irregularidades, ya no existen los documentos para su acreditación y sobre todo, los hechos ya fueron juzgados por las instancias responsables.

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