Por Pedro F. Tello García.

Sao Paulo Brasil, 25 de junio de 2019.- la Corte Suprema de Brasil, rechazó liberar de prisión al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mientras analizan, si fue juzgado de manera fraudulenta por Sergio Moro, quien lo condenó a 9 años de prisión por el caso anticorrupción Lava Jato por presuntamente recibir un departamento en una playa de San Pablo a cambio de favores políticos a la constructora OAS.

Moro actualmente tiene el cargo de Ministro de Justicia y fue designado por Jair Bolsonaro, quien ganó la presidencia de Brasil cuando Moro encarceló a Lula da Silva, quien era el evidente favorito en la contienda presidencial brasileña.

La imparcialidad de Moro está en entredicho porque el 9 de junio del año en curso, la revista digital The Intercept Brasil publicó fragmentos de diálogos entre el fiscal Deltan Dallagnol y el ex magistrado Sergio Moro, mismas que revelan que Moro editó y manipuló las grabaciones de Lula da Silva para incriminarlo en un caso de corrupción de un departamento que nunca habitó y nunca estuvo a nombre de Lula. The Intercept señaló que una fuente anónima los contactó y les entregó el material, sin especificar cómo fue conseguido.

Por su parte el Ministerio Público de Curitiba, señaló en un comunicado que: «La acción vil del hacker invadió teléfonos y aplicaciones de fiscales usados para la comunicación privada y el interés del trabajo, habiendo incluso una sustracción de identidad de algunos de sus integrantes«.

Por su parte el ex candidato presidencial Fernando Haddad, quien sustituyó en la boleta de votación a Lula al ser encarcelado, advirtió en su cuenta de Twitter que Brasil:

-«puede estar delante del mayor escándalo institucional de la historia de la República». […]»Para muchos presos, los procesos tendrían que ser anulados y una gran farsa sería revelada al mundo. Vamos a acompañar con toda cautela, pero no nos podemos detener. ¡Que se investigue toda la verdad!».

Dilma Rousseff La ex presidente brasileña, escribió en Twitter que las revelaciones de The Intercept: –«dejan explícitas las relaciones ilegales y espurias entre el juez Sergio Moro y los procuradores de la Lava Jato, con destaque para Deltan Dallagnol. Los procesos corrompidos por el fraude, implican la libertad inmediata de Lula«

Derivado de lo anterior, el 18 de junio, la Fiscal General de Brasil, Raquel Dodge, recibió un pedido para que Sergio Moro, sea detenido preventivamente e investigado por conductas ilícitas reveladas.

La solicitud fue realizada por el Colectivo Abogadas y Abogados por la Democracia (CAAD), quienes presentaron al Superior Tribunal de Justicia una solicitud de detención preventiva contra Moro por actuar de manera fraudulenta contra Lula y otros acusados.

El CAAD alertó a la fiscal Dodge que los procuradores y el ministro de Justicia involucrados pueden destruir pruebas y usar sus cargos en la función pública para obstruir las investigaciones.

El grupo de abogados también solicitó que la Policía Federal realice una inmediata búsqueda y decomiso de los aparatos electrónicos de los denunciados (tabletas, celulares, notebooks), especialmente los que utilizan, en sus respectivas residencias o en las oficinas públicas, por el riesgo inminente de destrucción de pruebas.

Por lo mismo, también solicitaron a la Fiscal Dodge «la separación inmediata de los cargos de los demás miembros de la fuerza tarea de la operación Lava Jato, bajo grave riesgo de continuar usando sus cargos para cometer nuevos crímenes y encubrir los ya practicados«.

Por otra parte uno de los hijos del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, salió en defensa del juez, cuestionando la manera de cómo se obtuvo la información: -«Es impresión mía, o sólo en Brasil, un medio utiliza una invasión ilegal de algo privado«, escribió Carlos Bolsonaro en su cuenta de Twitter.

Sin embargo Carlos Bolsonaro solo se cuestionó la forma de cómo se obtuvo la información, pero nunca se negó el fondo, que fue la manipulación y el fraude procesal contra Lula.

Por su parte, Sergio Moro acusado de fraude procesal contra Lula y actual Ministro de Justicia de Brasil, lamentó que The Intercept no nombrara la persona responsable de lo que consideró «la invasión criminal de los teléfonos móviles de los fiscales», así como que no le contactara antes de la publicación, –«contraviniendo una regla básica del periodismo«. Además señaló que a su juicio, los mensajes fueron «sacados de contexto» y sin embargo, tampoco negó el contenido de los mensajes publicados por The Intercept.

Con respecto a este tema Lula da Silva acusó a Sergio Moro, de parcialidad a la hora de ejecutar su condena y declaró ante los medios que -«Estaba decidido a condenarme antes incluso de recibir la denuncia de los fiscales«.

Con base a todo lo anterior, se puede ver que pese a la evidencia de fraude procesal contra Lula da Silva, la Fiscalía a cargo de Dodge, no ha detenido a Sergio Moro ni a los fiscales involucrados en el fraude procesal, tampoco el presidente Jair Bolsonaro les ha separado del cargo, ni confiscado los equipos de cómputo ni archivos para que no sea destruida la evidencia, y tampoco se ha liberado de prisión al expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva.

Todo esto parece un complot en contra de los movimientos democráticos y liberales en Brasil con fines electorales, ya que desde el controvertido juicio político para destituir a Dilma Rousseff, y dejar en su lugar a Michel Temer quien instauró políticas de ultra derecha en Brasil; y después el juicio fraudulento contra Lula da Silva cuando era el favorito para ganar la presidencia, han tenido como objetivo el dejar en la presidencia de Brasil representantes de la ultraderecha que sólo han buscado privatizar zonas ecológicas, despojar de presupuesto a las áreas de cultura, perseguir y criminalizar la pobreza en las favelas y permitir la compra-venta de armas de fuego entre los ciudadanos, para hacerse justicia por propia mano.

Políticas altamente cuestionables y sólo aceptables cuando se denosta, continua y sistemáticamente a los gobiernos de izquierda que han buscado un cambio en Brasil.

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