Se “venden” 4 de los recién los flamantes diputados de Morena por “limosnas” de 800 mil pesos, que no “cañonazos”, “enseñaron el cobre” a horas de su toma de posesión, afirma la ciudadanía. Alberto Batún, Fernando Chávez, Linda Cobos y Paula Pech, los "traidores"que defraudaron a AMLO y la confianza por un cambio verdadero.

CHETUMAL, Q, ROO. -Lejos de actuar como estadistas, gobernantes y políticos con un poco de ética y algo de responsabilidad, personajes como el “gobernador” Carlos Joaquín González y la “presidenta municipal”, Elena Hermelinda Lezama Espinoza, han orquestado un maléfico y perverso plan para tratar de continuar controlando el Congreso de Quintana Roo.

Para nadie es un secreto que desde hace varios meses y sobre todo en las últimas semanas, a través de sus “operadores políticos” e incluso personalmente, tanto Carlos Joaquín como Mara Lezama, han tratado de convencer y sobornar a varios legisladores de Morena, para que actúen a favor de los intereses de estos dos personajes, dándole la espalda al pueblo que los eligió y al proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Se sabe que la ofensiva para tratar de convencer a algunos diputados arreció este miércoles y que por la noche los “doblaron” con un soborno de más de 800 mil pesos para que no llegaran a la sesión legislativa de este jueves a fin de que no hubieran quoroum, pues los diputados del PRI, PAN y el del Movimiento Ciudadano, siguen directamente la directriz del mandatario estatal, a fin paralizar los trabajos de la XVI Legislatura.

Así los “legisladores” Alberto Batún y Luis Fernando Chávez, que controla la alcaldesa de Cancún, como los “morenistas” Linda Cobos y Paula Pech, e incluso, Ana Pamplona, que “sospechosamente” dicen viajo fuera de Quintana Roo, recibieron su jugoso sobre con miles de pesos para tirar la sesión de este jueves.

Los habitantes de Quintana Roo lejos de que sus mal llamados gobernantes como Mara Lezama Y Carlos Joaquín trabajen para combatir la galopante inseguridad y tantos otros problemas que afectan diariamente, siguen empeñados en continuar enriqueciéndose con múltiples actos de corrupción.

El pretexto con el cual pretenden continuar con el control del Congreso de Quintana Roo, es una supuesta ilegalidad de la sesión de instalación de la XVI Legislatura, cuando la Ley Orgánica que data de 1995 y a través de ella se ciñeron para elegir a la mesa directiva.

Y es que el gobernador y sus aliados insisten en que el PAN, a través del legislador Eduardo Martínez, presida la Junta de Coordinación Política y con ello, controle al Poder Legislativo y con ello, a través de la “ley Arcila”, siga vigente la corrupción e impunidad con la que se desempeñaron durante el tiempo que ocuparon una curul en la legislatura pasada.

Martínez Arcila y su ADN corrupto

Desde 2018, las organizaciones ciudadanas, Somos tus Ojos y el Observatorio Legislativo de Quintana Roo presentaron denuncia formal en contra del presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila.

La denuncia se presentó ante la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General de Quintana Roo, para que se investigue el dispendio de recursos públicos de parte de los diputados locales, así como la falta de transparencia para hacer público el destino del presupuesto del Poder Legislativo tanto en el 2017, en el 2018 y hasta el 31 de agosto de este 2019.

El Observatorio Legislativo detalló en su demanda como la XV Legislatura opero como un gobierno paralelo en Quintana Roo.

Esta acción, dijo, se da a través del dispendio de recursos públicos mediante el apartado llamado “asistencia social”, donde los diputados – principalmente Eduardo Martínez Arcila – maneja a placer el dinero de los quintanarroenses.

“Tiempo atrás explicamos que esos recursos que el Congreso del estado utiliza como un gobierno paralelo, debían ser utilizados para presupuestos de dependencias estatales y, sobre todo, en materia de seguridad, educación y salud, que es donde siempre hace falta recursos para atender las necesidades de la población”, puntualizó en su momento el presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra.

La denuncia se refiere al presunto dispendio de recursos públicos de parte de los diputados y a la falta de transparencia para hacer público el destino del presupuesto del Poder Legislativo que en 2017 fue de 435 millones y en 2018 fue de 468 millones de pesos.

Trascendió que parte de esos recursos fueron utilizados para financiar campañas políticas de los candidatos del PAN, partido al que pertenece Martínez Arcila, en el procesos electoral de 2018, cuando se renovaron los ayuntamientos de Quintana Roo.

En la misma denuncia se solicita que la Auditoría Superior realice una revisión exhaustiva del gasto legislativo y también se aclare la denuncia presentada por la A.C. Somos tus Ojos respecto al desvío de cien millones de pesos de parte de Martínez Arcila, quien es sobrino del ex gobernador priista, Jesús Martínez Ross, por lo que con su opaco e ilegal accionar demuestra que no olvida su ADN corrupto.

Categorías:Nacional