Congreso Local Plantea Reformar el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México

Por Martín Aguilar

En el pasado proceso electoral, sólo 0.33 por ciento del total de las personas postuladas a algún cargo de elección tenían alguna discapacidad afirmó la diputada Jannete Guerrero, ya que para erradicación la exclusión y discriminación hacia las personas con discapacidad, la diputada Jannete Guerrero Maya, presentó una iniciativa para reformar el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en materia de inclusión a este grupo vulnerable.

La legisladora del PT reconoció que se ha avanzado en cuanto a la participación de las mujeres en cargos de elección popular, y con ello la paridad de género, no así para las personas con discapacidad.

“Como lo informó la consejera electoral del INE, Adriana Favela Herrera, durante la presentación del informe preliminar sobre personas con discapacidad, de los 18 mil 299 cargos elegidos en el pasado proceso electoral, 61 personas con discapacidad fueron registradas como candidatas federales y locales, lo que representó 0.33 por ciento del
total de las postuladas, y sólo 19 ganaron un encargo”, recordó.

La propuesta de la legisladora es reformar diversos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México para que se establezca la obligación de que cada partido político determine y haga públicos los criterios para garantizar la
inclusión de las personas con discapacidad.

En caso de haber un candidato propietario con esta condición, su suplente también lo será; de igual manera, se deberá privilegiar que los primeros lugares de las listas de Representación Proporcional que presentan los partidos políticos y coaliciones deberán estar integradas por personas con discapacidad.

Además, se procurará que al menos cuatro diputaciones sean asignadas a este sector de la sociedad, y en caso de existir sub representación de diputaciones asignadas a personas con discapacidad, se deducirán tantas diputaciones, como sea necesario para alcanzar la cifra determinada, en caso contrario, si el número de diputaciones es mayor a cuatro, no se podrá aplicar deducción alguna”.

Por su parte, la diputada Valentina Batres Guadarrama, del grupo parlamentario de MORENA, presentó un proyecto de iniciativa para que el Congreso de la
Unión reforme el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y se establezca que los sujetos obligados del Poder Judicial federal y local, así como las entidades federativas
pongan a disposición del público las versiones de todas las
sentencias.

La legisladora indicó que en México, con la reforma constitucional del año 2014 en materia de transparencia, se buscó establecer los mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la información pública.

También recordó que en mayo de 2015 entró en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, “sin embargo, contrario a lo que se esperaba, representó un retroceso, ya que se acotó la obligación del Poder Judicial de publicar todas las sentencias que hayan causado estado, para publicar únicamente las que la propia institución considere de interés público”.

Batres Guadarrama informó que la Red de la Ciudadanía por la Justicia, colectivo integrado por 14 organizaciones de la sociedad civil, realizaron un análisis de 110 resoluciones provenientes de 8 entidades federativas.

Dentro de los resultados obtenidos, en algunas resoluciones analizadas estaban plasmadas frases que reproducen estereotipos de género; en 69 por ciento de los casos se omitió analizar las situaciones de riesgo de violencia y no se dictaron órdenes de protección. “situación por la
que es importante conocer el comportamiento de quienes está en sus manos juzgar”.

También informó que 79 por ciento de las sentencias no hacen uso de las normas de protección de derechos humanos, y 86 por ciento de las resoluciones, no dictan medidas de reparación de daños, por ello, “considero que para las personas juzgadoras, impartir justicia con perspectiva de género, igualdad y no discriminación, no es opcional, es una obligación constitucional, que incluso tiene fundamento en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

“Esta iniciativa contribuirá en eliminar la impunidad, ya que si la ciudadanía no tiene acceso a las sentencias, no se podrá evaluar la forma en que se imparte justicia y no podremos saber si las sentencias que se emiten protegen los derechos humanos establecidos en tratados
internacionales. Sin transparencia no hay rendición de cuentas y no hay garantía de acceso a la justicia”, concluyó la legisladora.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción para su análisis y discusión.

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