Alberto Moreno

Valle de Toluca Edoméx-. La autoridad electoral estatal y federal está obligada a garantizar que la ley se cumpla en el Estado de México, pues pese a que hay veda electoral por el proceso de revocación de mandato que está en curso, diversas áreas del Poder Ejecutivo mexiquense continúan entregando materiales de construcción y todo tipo de artículos, realizando así una clara violación al orden jurídico en la materia; de forma paralela a esos hechos también se están registrando lo que se pueden considerar como actos anticipados de campaña por diversos actores políticos, declaró Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura local.

En entrevista previa a la sesión del pleno legislativo del Congreso Mexiquense, el también Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena (GPM), a pregunta expresa de un periodista respecto a que diputados de diversos partidos están realizando acciones que pudieran configurarse como actos anticipados de campaña, opinó que “ni duda cabe” que son actos anticipados de campaña.

Por dicha conducta el líder de la bancada de Morena, Maurilio Hernández, consideró que la autoridad electoral estatal y federal están obligadas a emprender una indagatoria de oficio o a petición de algún otro actor político que se sienta afectado por dicha acción y/o conducta, en el entendido que se estaría vulnerando lo que coloquialmente se conoce como “piso parejo” de cara al proceso electoral estatal que se verificará en 2023 por la gubernatura de la entidad mexiquense.

Asimismo, diputados del Partido Revolucionario Institucional continúan con la entrega de materiales de construcción a las familias mexiquenses, situación que debería estar interrumpida por la veda electoral.

En este sentido recordó que Morena ha interpuesto varios recursos de queja ante las áreas electorales competentes, por lo que confió que a la brevedad dichos expedientes registrarán avances y se resolverán.

Hernández Contreras señaló que los recursos de queja no sólo pueden ser interpuestos por aquella o aquel político que se sienta afectado por dicha conducta recurrente que se configura como acto anticipado de campaña, sino también por cualquier ciudadano que considere que hay una violación a la ley electoral.

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