Federico La Mont

Recta final: Andrés Manuel López Obrador ha dicho que está trabajando sobre su propuesta de someter a elección popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, con el apoyo y asesoría del ex ministro de la Suprema Corte Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, se trata de la principal apuesta de salida del gobierno de la 4T y dijo el Presidente que enviará pronto la iniciativa, a pesar de los cuestionamientos expuestos por los especialistas y los no especialistas, como un articulista que publica diariamente en Reforma y no es abogado ni sabe de Derecho, pero “tiene muchos amigos abogados” y solo sabe publicar lo que le piden que escriba, que es todo en contra de López Obrador, Morena y la 4T, porque para eso le pagan.  Si López Obrador mantuviera el pago de “chayos” a los articulistas, como el de Reforma, cuanto nos estarían costando en este 2024, sólo para que publiquen sus alabanzas?.

Desafío y corrupción: El clavadista olímpico Rommel Pacheco será el candidato de Morena en Yucatán, para ganar Mérida, ante la aliancista de oposición Cecilia Patrón Laviada, hermana del ex gobernador panista, Patricio Patrón Laviada. El Programa de la pensión para adultos mayores aumento 25 por ciento en enero 2024 y ahora les depositarán 6 mil pesos cada dos meses. Son 12.1 millones de adultos mayores los beneficiarios de este programa, que con 465 mil millones de pesos es ya el mayor programa del gobierno federal, por fin sabemos en que se gasta el gobierno parte de nuestros impuestos y eso nos da mucho gusto, porque durante décadas los gobiernos del PRI, no sólo se erogaba nuestro dinero del presupuesto, se lo robaban y sólo nos enteramos cuando se compraban casa en Washington como Carlos Hank González o en Paris, como Arturo Montiel, ambos ex gobernadores del estado de México. Lo anterior, en medio de los señalamientos de que su llegada a la presidencial fue impulsada por el partido Morena, luego de un encuentro que sostuvo con el representante de ese partido ante el INE, el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna.

TEPJF: Sin la presencia de su antecesor Reyes Rodríguez Mondragón, la magistrada Mónica Soto encabezó su primera sesión pública como presidenta del Tribunal Electoral. La jueza buscó darle visibilidad a su llegada a la presidencia de la Sala Superior, por lo que de manera inusual convocó, previo a la sesión, a una ceremonia cívica para izar la bandera y cantar el himno nacional, a la que invitó a magistrados estatales y de las salas regionales. También convocó a consejeros del INE, ex consejeros y ex magistrados, entre ellos Flavio Galván Ochoa y Salvador Nava Gomar, quien ahora forma parte del equipo de la aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum, en materia electoral. Uno de los primeros juicios a cargo de la magistrada Mónica Soto como presidenta del Tribunal Electoral es el relacionado con el mecanismo extraordinario para la asignación de funcionarios del INE, aprobado por la mayoría de consejeros “cordovistas” opuestos a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, pues en un hecho insólito, cinco partidos se unieron en defensa de la presidenta, Morena y sus aliados (Verde y del Trabajo), así como Movimiento Ciudadano y el PRI; tres impugnaron el acuerdo del consejo general. En el recurso interpuesto por el PRI se advierte que el mecanismo extraordinario atenta contra la legalidad y otros principios electorales como la certeza; además es arbitrario, ilegal, excesivo y desproporcionado. Lo anterior porque es indudable que la ley señala expresamente la atribución que corresponde a la presidencia del Consejo General relativa a las designaciones de las personas titulares de la Secretaría Ejecutiva, direcciones ejecutivas y unidades técnicas. El PRI subrayó que se pretende ejercer una presión directa hacia la consejera presidenta, al establecer una temporalidad para los nombramientos, no incluida en la Constitución.  La semana entrante, el proyecto de sentencia, a cargo de Mónica Soto, será puesto a consideración de la Sala Superior. El conflicto surgió desde abril pasado, con la renovación del Consejo General, que provocó, en principio, la renuncia colectiva de 10 de los 19 puestos que integran la Junta General Ejecutiva (JGE) del INE.

Nuevo INE: Si bien en los meses siguientes hubo reincorporaciones y otros movimientos, así como algunos nombramientos aprobados por unanimidad, los cambios mantienen al mando del INE mayoritariamente con encargados de despacho; ahora están en esa situación 12 de los 19 cargos. Los consejeros “cordovistas” tiene la certeza de que para el buen funcionamiento del INE se requieren titulares de las áreas, y la otra parte de consejeros considera que la marcha es correcta incluso con encargados provisionales. El 16 de diciembre pasado fue aprobado por mayoría de seis votos el mecanismo extraordinario que impone a Taddei un mes para hacer las nuevas propuestas, incluida la de la Secretaría Ejecutiva, cargo medular en la operación del INE. El PRI asegura que esa mayoría “cordovista” del Consejo General violó el principio de legalidad, por lo que, al aprobar un mecanismo distinto al contemplado actualmente en la legislación electoral, sin la debida motivación, justificación legal y/o respetando los cauces que deben observarse para que se realicen este tipo de modificaciones, vulnera flagrantemente el principio rector de legalidad en materia electoral por parte del Consejo General del INE. Afirma que las nuevas hipótesis –contenidas en el mecanismo impugnado– fueron incluidas sin mediar fundamentación y motivación alguna a las reglas existentes. Por otra parte, la magistrada presidenta Soto se reunió con directivos del TEPJF a quienes pidió redoblar esfuerzos de cara al proceso electoral, el cual, reiteró, está plenamente garantizado. En su discurso insistió, en reiteradas ocasiones, que habrá un Tribunal Electoral autónomo e independiente, que de certeza en sus sentencias en este proceso electoral y en la calificación de la elección presidencial, ocho gubernaturas y de la Jefatura de Gobierno. En medio de la división que existe en la Sala Superior, donde se han conformado dos bloques, uno encabezado por Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, y el cual presionó para que Reyes Rodríguez dejara la presidencia 10 meses antes de su mandato. En el otro bloque está Rodríguez con Janine Otálora. Ninguno de los dos asistió a la ceremonia de izamiento, y el ex presidente, quien dejó el cargo el domingo, no acudió a la sesión pública.  Luego que acusó a Reyes Rodríguez de opacidad y excesos en el uso de los recursos públicos del Tribunal, afirmó que habrá transparencia y una contraloría social.

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