Martín Aguilar

La nueva reforma judicial se refiere al procedimiento que se realiza a fin de modificar, mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. Se puede considerar que una Reforma no se presenta como un cambio radical y acelerado sino como una transformación gradual de un sistema, estructura, institución, etc.

Durante la trasmisión del Pasado al Futuro, conducido por Rosalía Buaun y Tony Mancuso, acompañados por la Dra. Ruth Villanueva y el Director de las revistas Cúspide y Liberal Metropolitano, Lino Calderón, tuvieron de invitados a la Diputada del PVEM, Claudia Sánchez Juárez y el Ing. Lázaro Emilio Rubio Aguilar

Sánchez Juárez señaló que los jueces elegidos por el pueblo, no llegarán a los puestos de juzgadores las personas más capacitadas; ni las que pasaron años estudiando, preparándose para opositar, sino las más populares, las que supieron relacionarse bien con los grupos de poder, afirmó, enfática, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández.

Expuso que constituye una experiencia plural que permite que el público en general, usuarios, organizaciones de la sociedad civil, policías fiscales, jueces, estudiantes, profesores y otros funcionarios que laboran en áreas de servicio, tener la oportunidad inédita para intercambiar experiencias.

Dijo que en materia de impartición de justicia, México enfrenta una crisis que cada día se acrecienta más, ante la cual, lo peor que podríamos hacer es acelerar un diagnóstico o bien hacer pensar que la solución está en remover a quienes están enfrentando ese reto como parte de un sistema.

No podemos caer en la salida fácil; no podemos comenzar de cero. El contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación. Ello no beneficiará a los justiciables; al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país, añadió.

En materia de seguridad pública, mencionó que, el distanciamiento entre ciudadanía y autoridades es todavía más marcado. Prevalece la desconfianza, hay muy poca empatía y personas usuarias y funcionarias enfrentan problemas por igual.

“El contacto con las autoridades erosiona particularmente a las víctimas, que deben narrar una y otra vez su historia y rara vez encuentran soluciones. Los derechos de las víctimas son meramente formales, pero no tienen expresión práctica”.

También recalcó que la capacidad de investigación criminal está rebasada. En todo el país existen altos índices de incidencia delictiva que hace imposible dar respuestas. Las y los funcionarios se enfrentan a procedimientos altamente formalizados y poco prácticos. Las irregularidades y actos de corrupción son muy frecuentes. Las instituciones enfrentan un desgaste acumulado y los mecanismos alternativos de solución de controversias todavía no han dado el resultado deseado. “La justicia está muy lejos de las personas”, relató.

Por su parte, Rubio Aguilar afirmó que los pueblos y comunidades indígenas tenemos derecho a la libre determinación, esto incluye nuestra organización política y a la posibilidad de decidir sobre nuestro desarrollo económico, social y cultural. También tenemos derecho a la autonomía o al autogobierno sobre asuntos internos y locales.

Aseveró, que algunos de estos derechos son: los culturales y territoriales, derecho a la identidad, a la educación, a la salud, y al idioma, derecho a no ser discriminado con motivo del origen o identidad indígena, derecho a la libre determinación, a la propiedad intelectual, a conservar y reforzar sus propias instituciones

Comentó que México es un país con una gran riqueza cultural y étnica, al contar con varias decenas de etnias autóctonas, cuya existencia no había sido reconocida por el mundo del derecho sino hasta hace muy poco tiempo, por lo que en consecuencia no se habían desarrollado normativamente un grupo de derechos sociales tan importantes como los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país.

Desde esa misma perspectiva los pueblos y comunidades indígenas han sido marginados del desarrollo económico, político, social y cultural, desconociéndose las manifestaciones propias de sus culturas.

Añadió que el artículo 2º constitucional establece un marco general para el desarrollo de órganos de representación de las comunidades indígenas, reconociéndoles sus derechos a la autonomía y a la libre determinación, así como el uso y aplicación de su derecho consuetudinario y el acceso a la tenencia de la tierra y al uso y disfrute de los recursos naturales.

Explicó que en el marco de los derechos políticos, en los municipios con población indígena tendrán derecho a nombrar representantes ante los ayuntamientos; asimismo, se establece la necesidad de impulsar su representación y participación en la adopción de políticas públicas, especialmente en las específicas para impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas, y en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, así como propiciar su participación política por medio de la modificación de la demarcación territorial de los distritos uninominales.

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