Rebeca Marín

México ya vive una crisis constitucional que se podría agudizar si se acata o no la decisión de la Suprema Corte sobre la reforma al Poder Judicial, dijo José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al identificar los riesgos que plantea para la inversión y el empleo.

“Ya estamos en una crisis constitucional desde el momento en que un Poder no acata lo que otro Poder mandata. Estamos en ese momento crucial para nuestro país que nos exige tomar posturas y convertirlas en acciones contundentes, por eso, estaremos muy atentos a lo que el día de mañana (hoy) la SCJN decida sobre esta reforma judicial y desde luego, el cómo se acate esa decisión por parte de los poderes legislativo y ejecutivo”, dijo en conferencia el líder empresarial.

A la víspera de la decisión que tome este martes la Suprema Corte sobre la reforma judicial, el sector patronal hizo uso del recurso que tiene la ciudadanía para exponer argumentos que abonen su revocación ante el impacto que causa a cada ciudadano y a cada empresa.

“Hemos presentado un amicus curiae, que refuerza los argumentos técnicos y jurídicos en defensa del Estado de derecho y de la independencia judicial en México”, reveló Medina Mora, y reiteró que la certeza jurídica es un requisito indispensable para la inversión.

“Un sistema judicial politizado ahuyenta las inversiones, afecta la creación de empleo y limita nuestro potencial como destino seguro para el capital extranjero”, agregó el presidente de la Coparmex, al señalar que resulta fundamental que la SCJN entienda los riesgos de la reforma, afecta el principio de acceso a la justicia y compromete la imparcialidad de los jueces y magistrados, pilares que sostienen la confianza ciudadana en el sistema judicial.

En este sentido, al no haberse acatado las suspensiones que se dictaron antes y posterior a la aprobación de la reforma judicial, se gestó la crisis constitucional y a partir de mañana se puede agudizar, consideró Marcos del Rosario, presidente del Comité de Consejería Jurídica de Coparmex Nacional.

“Si el ánimo del poder político, de los órganos de representación política es no acatar lo que resuelve el máximo órgano jurisdiccional, nos pone en una situación de grave crisis constitucional y una ausencia de Estado de derecho. En todo país que se jacte de ser democrático, existen reglas intrínsecas de lo que está en la Constitución se tiene que acatar por la autoridad”, dijo.

Por su parte, José Pablo Ramos Castillo, de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, expuso que de inicio la ciudadanía cree que no tiene efecto directo la reforma al Poder Judicial, pero lo hará directa o indirectamente, “es una forma trascendental y posiblemente grave desde la inversión e incluso por las inflaciones que se puedan venir de las crisis económicas posteriores”, alertó el experto.

“Estamos en crisis desde hace ratito porque desde el momento en el que se decidieron no respetar las suspensiones de los tribunales judiciales federales, en ese momento empezamos en crisis porque abiertamente, dos poderes decidieron que el otro poder no era lo suficientemente apto para emitir las resoluciones y entonces el sistema de pesos y contrapesos se vio mermado, dejó de existir formalmente la división de poderes”, explicó.

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