Rebeca Marín

Se perfila que las Áreas Naturales Protegidas reciban en 2025 —de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)— 118 millones de pesos, un promedio de un peso y 19 centavos para el resguardo y conservación de cada hectárea de bosque, selva, manglar, mar, costa u océano protegido por el Estado.

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son zonas de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas mexicanos. Actualmente, existen 232 regiones de este tipo, terrestres y marinas. En total, dichas regiones abarcan más de 99 millones de hectáreas del territorio nacional y su administración corre por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Durante 2024, el gobierno federal destinó 113.7 millones de pesos para la conservación de las 205 ANP declaradas hasta el cierre del año anterior. Durante su último año de gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador decretó 27 nuevas ANP, para las cuales se prevé un aumento presupuestal de apenas cinco millones de pesos para el próximo ejercicio.

Gina Chacón, integrante de Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA) México y directora de políticas públicas de Wildlands Network, explicó que la falta de recursos para protección de ecosistemas los deja en el riesgo de ser vulnerados y genera la falta de capacidad para protegerlos.

“Hay muchas consecuencias de la reducción que ha sido constante para el cuidado de las áreas naturales protegidas; algunas son la reducción en recursos suficientes para la creación de programas de manejo (…) Los programas de manejo son literalmente una guía que habla de las características que tiene el área protegida (…) Explican la manera en cómo deben de atenderse y también especifica límites para las acciones humanas que puedan hacerse dentro de las áreas protegidas”, expone.

Otras consecuencias de los recursos económicos limitados para atender las áreas protegidas son la falta de monitoreo biológico y la poca capacidad de protección ante vulneraciones, precisa la especialista.

Un ejemplo de esto es la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, un Área Natural Protegida en Baja California Sur y que se extiende por más de 2.5 millones de hectáreas, entre superficie terrestre y marina. Esta reserva es además uno de los santuarios más importantes de protección de la ballena gris.

En dicho santuario, precisa NOSSA, cada uno de los 13 guardaparques que trabajan tienen a su cargo 195 mil 900 hectáreas, una extensión 70 veces mayor de la recomendada por la Federación Internacional de Guardaparques que recomienda que cada elemento vigile alrededor de 26 kilómetros cuadrados o dos mil 600 hectáreas; un equivalente a 391 campos de futbol.

También está el caso de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca —ubicada entre el Estado de México y Michoacán— que se extiende por 56 mil 259 hectáreas y en donde sólo trabajan cuatro guardaparques. Es decir que cada guardaparque tiene a su cargo unos 140 kilómetros cuadrados o 14 mil hectáreas; unos 28 campos de futbol.

La falta de guardaparques se traduce en sobreexplotación de recursos pesqueros en la Reserva de la Biósfera de El Vizcaíno y en la tala ilegal por el crimen organizado en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca.

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