Martín Aguilar

Con el voto mayoritario de Morena y sus aliados, el Senado de la República aprobó la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que permite que los integrantes de empresas públicas, paraestatales y órganos autónomos porten armas.

El documento fue avalado con 105 votos a favor, 16 en contra y una abstención, y será remitido al Ejecutivo federal para su publicación oficial. La aprobación se da en medio de un intenso debate entre las bancadas, en el que la oposición denunció fallas estructurales en el modelo de seguridad actual y acusó la continuidad de una política “fallida” basada en el enfoque de militarización y centralismo.

Esta reforma forma parte del dictamen que también se aprobó hoy de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, elaborada por el Gobierno de la República y presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos también permite a ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo poseer en su domicilio un rifle calibre .22’’ o una escopeta de cualquier calibre, cuando antes sólo se les permitía fuera de zonas urbanas; y que está permitida la posesión de armas de fuego autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en el domicilio de los ciudadanos para “su seguridad y legítima defensa de sus moradores”, de conformidad con la Ley y el Reglamento.

Así también aumenta las penas para la persona que posea, porte, comercie, transporte o introduzca ilícitamente al territorio nacional de armas y obliga a realizar campañas educativas a nivel federal, estatal y municipal, destinadas a sensibilizar a la población sobre los riesgos asociados con armas de fuego, municiones y sustancias químicas peligrosas.

No obstante, el dictamen provocó fuertes críticas desde la oposición. El senador Miguel Ángel Riquelme, del PRI, calificó la política de seguridad como “un rotundo fracaso” y denunció que la estrategia presentada no responde a la realidad del país.

Riquelme advirtió que la estrategia profundiza la militarización y el debilitamiento de las policías locales, al tiempo que omite compromisos concretos con fiscalías y ministerios públicos. “Se administra el desastre con una narrativa triunfalista, mientras el país acumula más de 200 mil homicidios dolosos y 60 mil desaparecidos”, sentenció.

Desde el PAN, el senador Francisco Ramírez Acuña también expresó preocupaciones, aunque anunció que su bancada votaría a favor. “No es un cheque en blanco. Vamos a ejercer control parlamentario riguroso para exigir resultados”, dijo.

Ramírez Acuña subrayó la necesidad de que se refuerce la coordinación con estados y municipios, y cuestionó la falta de recursos específicos para fortalecer las policías locales, encargadas del 90 por ciento de los delitos del fuero común.

Por su parte, el senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, reconoció que la estrategia representa un avance metodológico frente al modelo anterior, pero criticó que dedique buena parte del documento a justificar los resultados del sexenio anterior, sin profundizar en problemáticas como las desapariciones, el rol de las Fuerzas Armadas ni los recursos para instituciones civiles.

“Reconocemos el cambio de enfoque, pero exigimos claridad sobre el fortalecimiento del mando civil, la coordinación real con fiscalías estatales y la mejora de condiciones laborales para policías locales”, expresó.

Movimiento Ciudadano anunció su voto a favor en señal de corresponsabilidad, aunque subrayó su papel como oposición crítica y propositiva.

Así, el Senado cerró filas con el nuevo plan de seguridad de Sheinbaum, en una votación que, más allá del respaldo legislativo, revela fracturas en el diagnóstico y las soluciones para enfrentar la crisis de violencia que aqueja al país.

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