Martín Aguilar

La Fiscalía General del Estado, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, detuvo a Erik Romero Peimbert, líder del cártel inmobiliario en Chiapas, quien llevaba años siendo buscado por la justicia, y hoy fue detenido en la capital del país.

Diario Media Group fue de las tribunas que ha publicado las estafas que el líder del Cártel había orquestado contra decenas de personas, la mayoría mayores de edad, que habían denunciado fraude en la compra de terrenos y casas habitación.

Erick será trasladado a la capital del estado de Chiapas en las próximas horas. La Fiscalía continúa investigando el paradero de Gustavo Adolfo Flores, el otro estafador, coludido con Erik.

El programa Cero Impunidad dio una buena noticia a las familias defraudadas por Erik. Con su detención tendrá que responder a cada una de las carpetas civiles y penales que hay en su contra. La presencia de este delincuente de cuello blanco era esperada con ansiedad por quienes hoy siguen en la desgracia económica, con daño moral, todo por la ambición de este sujeto que se burló de la ingenuidad de quienes solo buscaban invertir sus ahorros de toda una vida en un terreno, una casa habitación, un traspaso.

El hampón operaba, de acuerdo a los denunciantes, a través de diferentes compañías o consorcios dedicados al giro inmobiliario, entre las que se encuentran “Grupo Constructor Líneas del Sur, SA de CV”, mayormente conocida como “GCI”; “Inmobiliaria Chiapaneca Ámbar, SA de CV”; “Global Group Edificaciones” y “Desarrolladora de Conjuntos Residenciales del Centro de Chiapas”, que se encargan de promocionar distintos complejos habitacionales para atraer a potenciales compradores.

Esos complejos eran los fraccionamientos Ámbar, Santa Fe, Jardines de Mactumactzá, Arbolada y Jardines de las Flores, incluyendo el edificio Residencial Antigua, todos en la capital del estado, donde se ofrecían residencias, casas, departamentos y terrenos, principalmente.

En su momento, Diario de Chiapas documentó que, una vez conquistado el cliente se le solicitaban pagos anticipados por el bien a adquirir o dependiendo de su solvencia económica se le permite la facilidad de pagar la totalidad del valor, que queda reconocido en un contrato de compraventa. Paso seguido, se firma el documento y se acuerda una fecha de entrega, que dependerá del tipo de vivienda, ubicación, acabados, etcétera.

Sin embargo, las ventas de esas propiedades eran ficticias, como lo testificaron las víctimas de Erick Romero Peimberth, Gustavo Adolfo Flores Alfaro y Juan José Gutiérrez Chapa, quienes son considerados los representantes de esas empresas.

Unas de las víctimas fue la señora María Eugenia Salcedo Torres, de 72 años de edad, quedó desamparada, sin dinero y enferma tras formalizar la compra con una de las empresas del Cártel Inmobiliario. Vendió su propiedad para poder costear el precio del departamento que anhelaba.

Hayne González, una mujer trabajadora que en 2009 compró una casa con la empresa “GCI” en el fraccionamiento Jardines de las Flores, por la que pagó 3.5 millones de pesos, pero se llevó la sorpresa de que la casa había sido revendida. Las escrituras en su poder eran ilegítimas. La Notaría Pública 118 las había falsificado a pesar de que esa vivienda estaba inscrita en el Registro Público de la Propiedad.

El Grupo Constructor Líneas del Sur le hizo entrega de una nueva vivienda para reparar el daño, pero ocho años después.

En la investigación realizada por el periodista Mario Cabalero halló que en registros oficiales este inmueble está bajo propiedad de Leonardo Daniel López Gálvez, encargado de la Delegación de Tuxtla Gutiérrez del Registro Público de la Propiedad, quien desde 2017 está acusado de coordinar procedimientos consistentes en la alteración de expedientes o registros oficiales.

López Gálvez podría tratarse de otro de los cómplices del Cártel Inmobiliario, así como los notarios Rogelio Robles Pereyra, Límber Noel Salazar Tello, Miguel de Jesús Solórzano Grajales y Juan José Fuentes Pariente, titulares de las notarías 19, 103, 46 y 126, respectivamente, a quienes las indagaciones de los reporteros del Diario de Chiapas exhiben como partícipes de los fraudes.

n un escrito, varios afectados por el Cártel, solicitaron al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar su intervención para hacer justicia ante los atropellos de Erick Romero Peinberth y Gustavo Adolfo Floores Alfaro.

El 15 de enero entregaron un oficio a la Oficialía de Partes para pedir el apoyo del ejecutivo Estatal ante el delito de fraude perpetrado por los arriba citados.

Las denuncias estaban acompañadas de todas las pruebas contundentes en contra de los integrantes del Cártel: “Señor gobernador, soy María Eugenia Salcedo Torres, soy de la tercera edad; le pido que sea escuchada por usted ya que el Cártel Inmobiliario me despojó de todo mi patrimonio y confío en usted que me hará justicia para poderlo recuperar”.

“Señor gobernador soy Rosario Gómez víctima del Cártel Inmobiliario de Chiapas y le solicito el apoyo para poder obtener justicia ya que llevo años en esta lucha para poder recuperar mi patrimonio que me fue arrebatado por este cártel de Erick y Gustavo Adolfo, quienes siguen burlando a la autoridad una y otra vez necesitamos justicia”, precisó la víctima.

“Mi nombre es Itzel Nazar y soy una víctima más del Cártel Inmobiliario de Chiapas; le pido su apoyo para poder ayudarme a recuperar el patrimonio de mi familia el cual se nos fue arrebatado por estas personas; llevamos años en pie de lucha tratando de recuperar que a base de esfuerzo y trabajo honrado hemos hecho escúchanos por favor”.

“Nuevamente se burlaron de mí y por supuesto las autoridades ya que no cumplieron con la prórroga que pidieron para poderme devolver mi dinero por lo que pido justicia”, dijo otra de las afectadas.

Carolina González Godoy firmó un contrato de compraventa con la misma empresa (GCI) por la adquisición de una residencia en el fraccionamiento Jardines de Mactumactzá, por alrededor de 3 millones de pesos.

Esta transacción fue en febrero de 2017, pero el siete de mayo de 2021 le sucedió lo mismo que a Hayne González, le llegó un requerimiento del banco en el que le advertían sobre el vencimiento de varias mensualidades de la hipoteca.

Guillermina Flores López, una mujer de la tercera edad, vulnerable y viuda, falleció hace cinco años. A esta señora le robaron literalmente más de tres y media hectáreas de terreno, ubicadas dentro de Tuxtla Gutiérrez. ¿Por qué se dice que se las robaron? Porque nunca recibió un peso.

De acuerdo con comentarios de María del Rosario Gómez Flores, hija de doña Guillermina, ese predio tiene un valor superior a los 30 millones de pesos. Y los que la defraudaron construyeron ahí un complejo residencial que consta de 91 casas, conocido como Fraccionamiento Ámbar, que se localiza sobre la 15ª. Poniente Norte de la ciudad capital, cuyo precio de las casas va entre los 3.5 y los 5 millones de pesos cada una.

El médico Miguel Ángel Vázquez, compró una propiedad en 2009 con Gustavo Adolfo Flores, ubicada en el fraccionamiento La Vista, por un monto superior a 1.7 millones de pesos. El fraccionamiento La Vista se trataba, en un principio, de un proyecto que contemplaba una torre de consultorios médicos, un hospital de tercer nivel y algunos desarrollos residenciales. Empero, no fue autorizado por el Ayuntamiento capitalino.

A Miguel le dijeron que no le podían devolver el dinero, pero en cambio le entregaría un departamento en el edificio La Antigua, ubicado en la privada San Ignacio número 159, también en Tuxtla.

Para ello firmaron un nuevo contrato en 2011 y se suponía que en 2013 el darían dicho departamento, lo cual nunca sucedió. Actualmente, tan sólo hay un edificio color blanco, sin terminar, que para el colmo se deterioró con el sismo de 2017.

Como estas hay decenas de historias que tienen la esperanza de que les regresen su dinero o sus terrenos o casas.

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