Rebeca Marín

La Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas en materia de lavado de dinero que establece mecanismos para vigilar y reportar operaciones sospechosas de personas físicas o empresas, así como de fideicomisos.

Las diputadas y diputados de oposición criticaron que las modificaciones a la ley permiten que las autoridades financieras actúen con discrecionalidad y mediante un sistema de vigilancia sin contrapesos.

Iraís Virginia Reyes de la Torre, diputada de Movimiento Ciudadano (MC), reconoció que esta reforma es necesaria para ampliar la lista de actividades vulnerables, identificar al beneficiario final de operaciones financieras y fortalecer a las autoridades financieras del país, pero criticó que estas atribuciones llegan sin contrapesos ni métodos de rendición de cuentas.

“Votaremos en abstención y lo hacemos porque vemos riesgos reales en la forma en la que se estructura esta reforma,esta ley le otorga a la Secretaría de Hacienda una capacidad de acceso irrestricto a la información más sensible del país. Registros públicos, datos fiscales, información patrimonial, datos personales y hasta biométricos, información de sindicatos, partidos políticos y organismos autónomos. Y todo esto sin control judicial, sin orden de por medio, sin límites expresos”, señaló Reyes de la Torre.

La diputada también se dijo preocupada de que la ley deja en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la definición de lo que es una persona políticamente expuesta, las cuales, afirmó, “podrán ser objeto de vigilancia, reportes, monitoreo, intercambio de datos, y quizás hasta congelamiento de cuentas”. La falta de límites claros en esta disposición permite que afecte a personas cercanas a las y los servidores públicos, como familiares, colaboradores o allegados, “por lo que el margen se vuelve riesgoso”, advirtió Reyes de la Torre.

Por otro lado, el diputado César Moreno Rivera celebró que las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal en materia de lavado de dinero establecen que las personas o empresas con actividades con riesgo de lavado de dinero deben capacitar anualmente a su personal sobre el tema, así como instituciones de seguridad como la Guardia Nacional.

Moreno Rivera afirmó que la ley también permite identificar al dueño o beneficiario controlador de la operación financiera para evitar que criminales se escondan detrás de nombres falsos. El diputado de Morena agregó que la disposición incluye a fideicomisos, por lo que ahora deberán “cumplir las mismas obligaciones de cualquier otra empresa, como es nombrar representantes, reportar operaciones sospechosas y mantenerse vigilantes, cumpliendo así con la Recomendación 25 del Grupo de Acción Financiera Internacional”, detalló.

Algunos diputados y diputadas de oposición como César Augusto Rendón García, del Partido Acción Nacional, levantaron dudas sobre los mecanismos para establecer sanciones, plazos para reportar operaciones riesgosas y la falta de medidas para capacitar a la población sobre los nuevos requerimientos de la ley. Sin embargo, las reformas a la ley fueron aprobadas con 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones, por lo que pasará al Poder Ejecutivo Federal para publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Categorías:Nacional