Martín Aguilar

Las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrán como primera tarea la designación de tres —de cinco— integrantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ).

El OAJ será uno de los dos organismos —junto al Tribunal de Disciplina Judicial— que suplirán al Consejo de la Judicatura Federal en labores de administración y vigilancia del PJF.

Según la reforma judicial, el OAJ tendrá bajo su responsabilidad la administración de recursos humanos, materiales y financieros de todos los juzgados, tribunales y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por ello, según marca la reforma judicial, este Organismo deberá ser para dar trámite a todos los pendientes administrativos, logísticos y financieros del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con lo establecido en la reforma, de los cinco miembros que tendrá el OAJ, tres serán designados por la Corte (Poder Judicial), uno por Presidencia (Poder Ejecutivo) y otro por el Senado de la República (Poder Legislativo).

La primera en revelar su nombramiento para este órgano fue la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien dio a conocer que Néstor Vargas Solano será el primer integrante del OAJ.

No obstante, a días de que se instale el nuevo Poder Judicial, ni el Congreso de la Unión ni la Corte han establecido quiénes serán sus nombramientos.

Según informó la ministra Lenia Batres Guadarrama, el pasado 10 de marzo, en sesión privada, un grupo de ministros salientes intentó nombrar a los tres integrantes del OAJ; no obstante, la ausencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá no les permiti óconseguir la mayoría de ocho votos.

Las ministras que se opusieron a esta determinación fueron Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortíz Ahlf (quienes quedaron electas para mantenerse en su cargo).

Según esta tercia de ministras, las y los integrantes del OAJ deben ser designados por el nuevo Pleno de la SCJN cuando entren en funciones el próximo 1 de septiembre, y no antes.

“La designación anticipada de estas personas no sólo sería absurdo sino inmoral. Pretender que esta Corte controle al Órgano de Administración Judicial próximo para encubrir las faltas administrativas de las personas que actualmente administran los recursos públicos asignados a la SCJN. Es preocupante que esta Corte insista en obstaculizar el cumplimiento de la Constitución”, advirtió en aquel momento la ministra Batres.

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