Martín Aguilar

El Senado de la República aprobó este martes, con 82 votos a favor, 24 en contra y una abstención, la reforma a los artículos 76 y 78 de la Constitución que devuelve a la Cámara Alta la facultad de ratificar los nombramientos de coroneles y jefes superiores de la Guardia Nacional.

La iniciativa, impulsada por el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, busca “armonizar” el marco legal luego de que, por un “error de técnica legislativa” en 2024, se eliminara esta atribución. El morenista Óscar Cantón Zetina defendió el dictamen y pidió reconocer que se trataba de una corrección necesaria.

Sin embargo, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que el cambio profundiza la militarización de la seguridad pública. El panista Marko Cortés afirmó que se trata de una estrategia para “blindarse con las Fuerzas Armadas” y denunció que la militarización no ha resuelto la violencia, sino que ha expuesto a las instituciones castrenses a casos de corrupción.

Cortés vinculó la discusión con el tema del huachicol fiscal y aseguró que las Fuerzas Armadas están inmersas en escándalos por complicidad con redes de robo de combustibles. Recordó la relación del entonces dirigente de Morena con los hermanos Carmona y acusó que muertes recientes de mandos de la Marina podrían estar ligadas a encubrimientos. “No fueron accidentes, fueron ejecuciones para proteger a los verdaderos jefes del huachicol”, sentenció.

Por su parte, la senadora priista Karla Toledo sostuvo que Morena “convierte la Constitución en borrador” y legisla “al vapor”, generando errores que luego corrige sin consensos. Exigió regresar a la idea original de una Guardia Nacional civil, cercana a la ciudadanía, y advirtió que la reforma legitima un diseño castrense contrario a los derechos humanos.

Claudia Anaya, también del PRI, acusó que Morena ha “tiznado” de corrupción a la Marina y a la Guardia Nacional al usarlas en tareas administrativas y de combate al huachicol. “Todo lo que Morena toca, lo tizna”, lanzó.

La reforma fue enviada a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual ratificación, en medio de un debate donde la oposición insistió en que la seguridad pública debe permanecer bajo un mando civil.

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