Rebeca Marín
Ante la importancia histórica y económica de los tianguis, bazares y otros sitios complementarios que son un pilar fundamental para el abasto popular y el sustento de miles de familias capitalinas, legisladores de diversas fuerzas políticas demandaron dar cumplimiento a los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles.
En la presentación de un punto de acuerdo en la materia que suscribieron la coordinadora de la bancada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Nora Arias Contreras; la responsable de la asociación parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, Diana Sánchez Barrios y Alejandro Carvajal González de la asociación parlamentaria Progresista de la Transformación y afín a Morena, el diputado perredista Pablo Trejo Pérez refirió que en la capital del país existen mil 367 tianguis, una cifra significativamente mayor a los 353 mercados públicos.
Delineó que esta realidad demuestra que los tianguis son el principal mecanismo de distribución y abasto para la población, con presencia desde el centro urbano hasta las zonas periféricas.
Hizo notar que la Constitución Política de la Ciudad de México, vigente desde el 17 de septiembre de 2018, reconoce el derecho a un trabajo digno y la capacidad de asociarse para defender los intereses de los comerciantes.
Sostuvo que, a pesar de su relevancia, la falta de una regulación clara ha generado “prácticas administrativas marcadas por la arbitrariedad y la discrecionalidad” por parte de algunas autoridades.
El congresista del Partido de la Revolución Democrática expuso que se ha detectado que, en ocasiones, las alcaldías “invaden las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), lo que afecta los derechos de miles de personas”.
Por lo anterior y para combatir esta situación, propuso el punto de acuerdo con el que busca que se dé cumplimiento a los Lineamientos de Operación publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 9 de julio de 2019.
Dejó asentado que la regulación no es un obstáculo, sino una herramienta para la prosperidad y seguridad de todos los involucrados, más cuando los mismos comerciantes solicitan que se respete la ley. “Ellos lo que quieren es que se cumplan las normas que están establecidas y que no se deje a la discrecionalidad”.
Refirió que el objetivo de lo propuesto es exhortar a las 16 alcaldías, dependencias y organismos del gobierno de la Ciudad de México a reforzar las acciones para dar cumplimiento a las normas establecidas.
Asimismo, conminar a la SEDECO a establecer mesas de trabajo interinstitucionales con las organizaciones de comerciantes, dirigidas “a fortalecer las soluciones adecuadas para atender casos de conflicto o falta de acatamiento de los lineamientos de manera consensuada entre autoridades y organizaciones”.
Para el congresista por Iztacalco una regulación transparente puede ser un mecanismo de diálogo y colaboración, porque al definir derechos y obligaciones, se elimina la incertidumbre y se reducen los riesgos de prácticas indebidas.
“No es perjudicar a nadie, sino fortalecer a todos; la regulación no es una medida punitiva, sino un paso hacia un futuro más próspero, seguro y ordenado”, definió.
Planteó que de esa forma, se puede construir un sistema que respete la labor de los comerciantes y, al mismo tiempo, garantice el bienestar y la calidad de vida de todos los habitantes de la gran urbe.
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