Martín Aguilar

La presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, Ana María Kudisch, calificó como una “regresión” la reforma a la Ley de Amparo impulsada en el Congreso, al considerar que representa un retroceso en la protección de derechos humanos y abre la puerta a un escenario de incertidumbre jurídica.

“Es un verdadero dislate: los jueces interpretarán de una manera, los abogados de otra y los justiciables quedarán sin rumbo, sin saber qué derechos les asisten y cuáles no”, advirtió la presidenta durante el foro de análisis “Iniciativa de reforma al Amparo” convocado por la Comisión de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo de la Barra.

Kudisch reconoció que el juicio de amparo es una de las herramientas más complejas del sistema jurídico mexicano, pero también la más importante para garantizar derechos fundamentales. Señaló que, mientras en casos sencillos —como el incumplimiento de pensiones alimenticias— la suspensión es inadmisible, en asuntos ambientales, colectivos o de gran impacto social la reforma introduce ambigüedades que dejarán a los ciudadanos en desventaja frente a la autoridad.

La presidenta del gremio criticó además la falta de consulta amplia a especialistas. “Queremos ser escuchados antes de que estas reformas se aprueben. La abogacía mexicana tiene experiencia y sabe de lo que habla. No se trata de un ‘fast track’ para luego ignorar nuestras observaciones”, reclamó.

Kudisch subrayó que el gremio mantiene una posición de apertura al diálogo y que sus posicionamientos se construyen de manera colegiada. “Yo solo represento a un consejo y a cientos de agremiados que estudian, litigan y conocen el efecto real que estas reformas tendrán en los clientes”, sostuvo.

También cuestionó que, mientras se promueve la digitalización y la modernización del marco legal, otros proyectos como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares llevan años de retraso. “Es una burla que se hable de modernidad cuando aún no hay claridad sobre la entrada en vigor de una norma que garantizaría igualdad de derechos en todo el país”, dijo.

La dirigente concluyó que la Barra Mexicana de Abogados exige diálogo genuino y no simulaciones. “Si lo que se quiere es justicia para el pueblo, escuchen al pueblo que es la abogacía mexicana, especializada en amparo y comprometida con los derechos humanos”, remató.

En ese mismo espacio Miguel Bonilla, profesor de la Escuela Libre de Derecho y exmagistrado del Poder Judicial, señaló que la reforma a la Ley de Amparo propuesta en el Congreso está pensada más en beneficio de las autoridades que en la protección de los derechos humanos de los ciudadanos.

“El problema inmediato lo van a enfrentar los jueces de distrito, quienes día a día deben decidir sobre la admisión o desechamiento de demandas y la concesión o no de suspensiones. Para que estas decisiones lleguen a la Suprema Corte y se genere seguridad jurídica, pasará un largo tiempo”, advirtió.

El académico explicó que, si bien un tribunal de máximo nivel puede eventualmente dar claridad, en lo inmediato la ambigüedad de los cambios dejará en desventaja a los justiciables frente a las autoridades.

“Quien pierde es el ciudadano que acude a un amparo y no logra que se le admita su demanda por cuestiones de interpretación; quien gana, aunque no sea la intención, es la autoridad contra la cual se busca la protección”, subrayó.

Bonilla insistió en que una mala redacción de la norma impactará directamente en los derechos de las personas. “Cuando la Ley de Amparo no es clara, la incertidumbre beneficia a la autoridad y perjudica al ciudadano”, concluyó.

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