Ariel Velázquez/Enviado

Mérida, Yuc.- Ante el temor fundado de que sus empresas sean clausuradas y sus

propietarios encarcelados, duelos de restaurantes, estacionamientos, gimnasios,

tiendas departamentales y otras negociaciones del estado de Yucatán,

solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), a efecto de

que investigue a funcionarios y empleados del ayuntamiento de mérida, a quienes

acusan de extorsión, amenazas, cobros de piso y amenazas, imputaciones que han

sido denunciadas ante la Fiscalía General de Justicia de la entidad, donde se

hace caso omiso de las mismas. “Ya no solo somos extorsionados por el crimen

organizado, sino ahora por las autoridades encargadas de cuidarnos y

protegernos”, puntualizan los quejosos.

En un periodo

marcado por denuncias de irregularidades en la administración municipal, la

alcaldesa Cecilia Patrón Laviada se ausentará para participar en eventos

europeos del 13 al 15 de octubre de 2025, incluyendo la Semana Europea de

Regiones y Ciudades en Bruselas, con visitas a Tallin, Helsinki y Espoo,

enfocadas en planeación urbana y medio ambiente. Esta agenda internacional busca

atraer recursos para Mérida al parecer, pero coincide con reportes de problemas

locales que requieren atención inmediata.

En 2025, el Ayuntamiento ha enfrentado acusaciones de corrupción. Estos casos involucran

a personal de áreas como Desarrollo Urbano, donde se detectaron malas prácticas

tras denuncias ciudadanas. La alcaldesa ha enfatizado una política de cero

tolerancia y urge a la ciudadanía a reportar irregularidades con evidencias.

Respecto a clausuras de establecimientos, en lo que va del año se han reportado cierres

de locales comerciales por incumplimientos en medidas de seguridad, como una

tienda asiática en el centro en julio. Denuncias empresariales señalan

prácticas selectivas en inspecciones, con trámites prolongados y multas

elevadas. Entre los afectados se mencionan Goat Bar, Los Corralitos, Sold Out,

Piensa Rosa, La Violeta y La Jaus, sumando más de 25 restaurantes clausurados

en 2025, según fuentes locales. Extorsiones también afectan a gimnasios,

tiendas y tianguistas, con cobros reportados de hasta 2,500 pesos por espacio

en mercados.

En materia de trata de personas, Yucatán registra cuatro denuncias por este

delito, explotación infantil y esclavitud moderna de 2018 a agosto de 2025. En

2024, no se reportaron denuncias formales, lo que sugiere subregistro. Sin

embargo, casos recientes incluyen la extradición desde Colombia de Cristóbal

Fernández Viamonte, líder de una red que explotaba sexualmente a ocho mujeres

extranjeras en Mérida. En octubre de 2024, dos hombres de 47 años fueron

detenidos en Mérida por violación equiparada agravada y trata de personas

contra una menor de 12 años. Organizaciones civiles destacan redes

transnacionales que reclutan víctimas de Centroamérica y Chiapas para

explotación laboral en construcción, con un incremento del 17.5% en carpetas de

investigación en 2025 respecto al año anterior.

Funcionarios como Lizbeth Basto Avilés, coordinadora general de Buen Gobierno; Adrián de

Jesús Caballero Casanova, jefe de Inspección de Mercados; Carlos Daniel Hau

Ché, jefe de Permisos; Miguel Darío Soto Herrera, coordinador municipal de

Protección Civil; y José Ricardo Themann Miguel, jefe de Denuncia Ciudadana e

Inspección Urbana, han sido mencionados en denuncias ciudadanas por presuntas

irregularidades en inspecciones y permisos, con cobros de hasta 400,000 pesos

para reaperturas. Estas acusaciones subrayan la necesidad de depuraciones y

auditorías.

Los datos revelan un incremento en la percepción de inseguridad y un subregistro en
delitos graves, lo que exige una auditoría exhaustiva a clausuras y permisos de

los últimos dos años, intervenciones en mercados y rendición de cuentas sobre

el viaje europeo. Mérida, como centro económico de Yucatán, debe equilibrar

atracción de inversiones con resolución de estos desafíos para garantizar gobernabilidad

y desarrollo sostenible.

Los afectados afirman estar “más que cansados” de ser objeto de todo tipo de

abusos por parte de grupos vinculados al crimen organizado, en particular los

dedicados al cobro de piso y extorsiones, para que ahora sean objeto de los

mismos delitos, pero solo que hoy en día son cometidos por autoridades

estatales y municipales, lo que hace que la otrora pacífica y atractiva ciudad

emeritense se convierta en una ciudad violenta y peligrosa, como sucede en no

pocas de la Península de Yucatán.

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