Alberto Moreno

Valle de México-. Con la firma de un convenio que articula a 25 municipios mexiquenses con el Gobierno estatal, Naucalpan se posicionó como punto de arranque de una estrategia que pretende transformar la forma en que se atienden las controversias laborales en el ámbito local. El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, aseguró que el acuerdo representa un cambio estructural en la manera de enfrentar los conflictos entre trabajadores y autoridades municipales.

El acto protocolario se realizó en el WTC Mexiquense, donde autoridades estatales, líderes sindicales y representantes empresariales respaldaron el Convenio de Colaboración para las Jornadas de Conciliación Laboral, suscrito con la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México. Ante los asistentes, el alcalde subrayó que el objetivo es consolidar una red de cooperación institucional que fortalezca la legalidad y otorgue mayor certeza jurídica en la entidad.

Montoya Márquez enfatizó que este instrumento se alinea con los principios de una gobernanza moderna al priorizar la conciliación como mecanismo preferente para la resolución de disputas. Señaló que los métodos alternos permiten soluciones más ágiles y humanas, evitando procesos prolongados que afectan tanto a trabajadores como a administraciones municipales.

Al referirse al respaldo del gobierno encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el edil destacó que el acuerdo devuelve a las partes la posibilidad de resolver diferencias mediante el diálogo y el entendimiento. Sostuvo que este enfoque no sólo agiliza los procedimientos, sino que también dignifica la relación entre empleadores, empleados y autoridades, al colocar el respeto mutuo en el centro de la justicia laboral.

En su papel de anfitrión, el presidente municipal hizo un llamado a los ayuntamientos firmantes a asumir con responsabilidad su función como primer contacto de la ciudadanía con el Estado. Indicó que, desde lo local, se pueden impulsar soluciones tempranas que privilegien acuerdos y eviten la escalada de conflictos, fortaleciendo así la confianza en las instituciones públicas.

Por su parte, el secretario del Trabajo estatal, Norberto Morales Poblete, afirmó que el convenio abre una ruta concreta para atender rezagos históricos en materia de laudos laborales. Subrayó que detrás de cada expediente existen historias personales y familias que han esperado durante años una resolución definitiva. Reiteró que la administración estatal mantiene una postura firme en defensa del trabajo digno y el respeto irrestricto a los derechos laborales.

El funcionario añadió que se brindará acompañamiento técnico y jurídico a los gobiernos municipales para diseñar soluciones responsables que permitan cumplir con resoluciones pendientes sin comprometer la estabilidad financiera ni la operación cotidiana de los ayuntamientos.

Desde el ámbito jurisdiccional, la presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Janet Minutti Rodríguez, explicó que el propósito central es robustecer el sistema de justicia laboral mediante herramientas técnicas que aporten certidumbre a las partes involucradas. Señaló que el trabajo coordinado entre jueces, magistrados y autoridades municipales permitirá ejecutar laudos de manera más ordenada y armonizada.

En representación del sector sindical, Herminio Cahue Calderón, secretario general del Suteym, expresó la disposición del gremio para colaborar activamente en la implementación del acuerdo. Reconoció que los conflictos laborales son una realidad, pero sostuvo que el diálogo y la construcción de consensos deben prevalecer como vía para proteger los derechos de los trabajadores sin afectar la gobernabilidad ni la prestación de servicios públicos.

Al encuentro también acudieron el diputado Ernesto Santillán Ramírez, presidente de la Comisión Legislativa del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso mexiquense, así como el procurador de la Defensa del Trabajo estatal, Efrén Sánchez López.

Con este convenio, Naucalpan y los municipios participantes buscan no sólo atender pendientes históricos, sino sentar las bases de una cultura de conciliación que permita resolver diferencias con mayor rapidez, reducir tensiones financieras y garantizar que la justicia laboral deje de ser una promesa postergada para convertirse en una realidad tangible.

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