Rebeca Marín

Organizaciones civiles, colectivos de vivienda y analistas urbanos han señalado que cada 48 horas, tres viviendas completas dejan de estar disponibles para renta tradicional y se incorporan al mercado de hospedaje temporal ofrecido en plataformas como Airbnb. Esto sucede especialmente en colonias centrales y de alta plusvalía, donde los precios y la demanda turística son más altos.

Un estudio reciente basado en datos de plataformas de alojamiento temporal encontró que, durante el primer semestre de 2025, unas 27 mil viviendas estaban activas como alojamientos turísticos en CDMX, un incremento significativo con respecto al cierre de 2024.

Un grupo relativamente pequeño de anfitriones controla una gran parte de la oferta (aproximadamente la mitad de los alojamientos), lo que indica una concentración en pocas manos, no simplemente de pequeños arrendadores.

Un porcentaje considerable de propiedades supera los límites legales de ocupación establecidos por la legislación local, lo que sugiere incumplimiento de normas diseñadas para frenar la sustitución de vivienda permanente por hospedaje turístico.

Colectivos vecinales y defensores de derechos a la vivienda argumentan que:

La conversión masiva de viviendas tradicionales en alojamientos de corto plazo reduce la disponibilidad de opciones para renta a largo plazo.

Este fenómeno presiona al alza las rentas residenciales en barrios como Roma, Condesa o el Centro Histórico.

Algunas familias han sido desplazadas o enfrentan desalojos cuando los propietarios optan por destinos más rentables mediante arrendamientos turísticos.

Para enfrentar este fenómeno, la Ley de Turismo de la Ciudad de México se reformó para limitar la cantidad de noches que una vivienda puede rentarse en plataformas digitales y exigir registros y permisos a anfitriones. Las autoridades también establecieron restricciones para evitar que una sola persona registre más de tres propiedades, como parte de un intento de regular el mercado y mitigar efectos de especulación.

Activistas y vecinos han llevado su descontento a las calles con protestas contra la gentrificación, denunciando la pérdida de identidad y cohesión social en sus comunidades debido al auge de alojamientos turísticos. Estas movilizaciones están enmarcadas en un movimiento más amplio que critica el desplazamiento de residentes por intereses inmobiliarios ligados al turismo y a inversiones especulativas.

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