Pamela Ramírez y Alberto Moreno
Ciudad de México-.En el marco del Día Mundial del Agua, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó un anuncio que marca un punto de inflexión en la gestión del recurso hídrico en el país, al formalizar la entrega directa de títulos de concesión de agua a municipios de Baja California, con lo que se elimina un esquema que durante años obligó a gobiernos locales a pagar por el suministro.
Durante su participación en la conferencia conocida como “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria explicó que esta medida permitirá a ciudades como Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada acceder al recurso sin intermediarios, garantizando el abasto para las próximas tres décadas y poniendo fin a prácticas que calificó como privilegios heredados de modelos anteriores.
La presidenta subrayó que esta transformación tiene como eje central la nueva Ley Nacional de Aguas, diseñada para impedir la comercialización del recurso en condiciones desiguales y asegurar que su distribución responda al interés público. En este contexto, evocó los principios históricos impulsados por Benito Juárez, al destacar la importancia de establecer igualdad ante la ley y erradicar beneficios exclusivos en el acceso a bienes fundamentales.
De acuerdo con lo expuesto, el esquema anterior obligaba a los municipios a adquirir agua a distritos de riego que, pese a tener como función principal la producción agrícola, habían reducido significativamente su actividad, manteniendo ingresos millonarios derivados de la venta del recurso a zonas urbanas.
Por su parte, el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, detalló que la nueva legislación elimina la transmisión de derechos entre particulares, cerrando espacios a prácticas irregulares y al llamado mercado negro del agua. Añadió que también se prohíben cambios de uso con fines lucrativos, se combate el acaparamiento y se fortalece el reconocimiento de sistemas comunitarios en ejidos y pueblos indígenas.
El funcionario informó que las modificaciones legales ya reflejan resultados en materia administrativa y financiera, con un incremento significativo en la recaudación y miles de trámites resueltos en favor de pequeños y medianos productores, así como acciones de supervisión que han derivado en clausuras y sanciones por uso indebido del recurso.
En relación con Baja California, precisó que durante más de dos décadas los municipios realizaron pagos constantes para asegurar el suministro, acumulando cifras millonarias en los últimos años. Con la entrega de estos títulos de concesión, se busca revertir esta dinámica y consolidar un modelo de gestión más equitativo y sostenible.
Autoridades federales coincidieron en que esta decisión no solo garantiza el acceso al agua en el presente, sino que establece bases para su disponibilidad futura, al priorizar su uso como un derecho y no como una mercancía, en un contexto donde la presión sobre este recurso continúa en aumento.
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