Cdmx, abril 11 de 2026.

Pedro Moreno

Tras una denuncia directa del Gobierno de Australia, a través de la Oficina de Enlace Directivo México y Centroamérica de la Embajada de ese pais, fuerzas federales de México detuvieron en el Estado de Yucatán a Josué Raúl "N", acusado de trata de personas, abuso sexual y producción de pornografía infantil.

El expediente indica que la Policía de Queensland detectó material de abuso sexual infantil producido en México.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal consiguió una orden de aprehensión por los delitos de trata de personas agravado y explotación sexual de menores.

El acusado fue detenido en la Colonia Mulchechén, Municipio de Kanasín, en el.Estado de Yucatán, quien habría vendido videos de abuso infantil por redes sociales durante más de 10 años

Al respecto, Ulises Lara López, Fscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República, dio a conocer que la indagatoria situó al sujeto como presunto responsable de contactar durante diez años, a través de redes sociales, a niñas, niños y adolescentes.

Asi mismo, las autoridades señalan que habría utilizado esas plataformas para enganchar a las víctimas, videograbarse en actos sexuales con ellas y comercializar el material en internet.

El reporte de la representación diplomática australiana detalló que el contenido explícito detectado provenía de Yucatán. La colaboración entre instituciones mexicanas y australianas fue determinante para rastrear la actividad y detener al presunto responsable.

En la captura del pedófilo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Marina.

Durante el cateo al inmueble vinculado al imputado, las autoridades aseguraron celulares, tabletas, tarjetas SIM y micro SD, cuyos dispositivos podrían contener pruebas relevantes para el proceso penal en contra del depravado sujeto.

Luego de ser aprehendido Josué Raúl "N",
el juez de control ordenó prisión preventiva de oficio y el acusado ingresó al Centro de Reinserción Social en Mérida, donde permanece bajo resguardo de las autoridades sanitarias y penitenciarias.

Durante la audiencia inicial, la defensa del acusado solicitó la duplicidad del término constitucional para determinar su situación jurídica.

Por su parte el Juez concedió la extensión a 144 horas, plazo en que el Ministerio Público debe ofrecer los datos de prueba para definir si queda vinculado a proceso por los delitos imputados.

Mientras tanto, la investigación continúa y el material electrónico decomisado es objeto de análisis para identificar posibles nuevas víctimas y rutas de distribución del contenido pornográfico.

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