Derivado de que la reforma electoral no consideró modificaciones respecto a la celebración de la elección del poder judicial. El 2027 volverá a colocarnos frente a escenarios inéditos que exigirán una ciudadanía informada y participativa. Sobre todo, porque la concurrencia de las elecciones ordinarias y judiciales, a nivel federal como local tendrá un impacto directo en la experiencia de votación. Particularmente en lo que se refiere al número de casillas, de boletas y la propaganda electoral.

El día de la jornada electoral, la ciudadanía deberá enfrentarse a dos tipos de casillas, una sin representación de los partidos políticos para la elección de los integrantes del poder judicial y otra para la elección de representantes de las cámaras y autoridades locales, donde sí la habrá.

Asimismo, dependiendo de la entidad, a la ciudadanía se le entregarán en promedio diez boletas. En el ámbito federal, se elegirán diputaciones, senadurías y diversos cargos del Poder Judicial de la Federación; mientras que, en casos como el Estado de México, se votará además por diputaciones, ayuntamientos y los cargos del poder judicial. Lo anterior significa que coexistirán dos modelos de votación —el ordinario y el judicial—, cada uno con lógicas distintas reflejadas en el diseño de la documentación electoral.

En particular, las boletas para la elección de personas juzgadoras tendrán características específicas —lista de hombres y mujeres, recuadros para emitir varios votos y diferentes especialidades—aunque, según la normatividad de cada entidad federativa, el diseño de las boletas de la elección judicial puede variar. Un ejemplo claro lo vimos en 2025, cuando en Quintana Roo y Coahuila, el diseño de las boletas agrupó a las candidaturas en planillas, lo que obligó a las y los ciudadanos a votar en bloque.

El próximo año, la ciudadanía tendrá que distinguir entre dos tipos de campañas proselitistas: las correspondientes a la elección ordinaria y las propias de la elección judicial. En unas será evidente el uso de recursos económicos y propagandísticos tradicionales; en las otras, la presencia se concentrará principalmente en las redes sociales. Las experiencias de Veracruz y Durango en 2025 nos ofrecieron un adelanto de la saturación informativa a la que puede estar sometida la ciudadanía, sin que ello se haya traducido necesariamente en una mayor participación. En comparación con las elecciones municipales de esos estados, la participación ciudadana en la elección judicial fue 50 % más baja —17.97 % y 20.31 %, respectivamente—.

Es justamente aquí donde considero imprescindible no perder de vista la necesidad de fortalecer las estrategias de socialización de este nuevo modelo de votación. Si algo quedó claro durante la elección judicial de 2025 fue que se debe trabajar en una nueva pedagogía electoral; una, que considere acciones concretas. Hago esta observación porque las estrategias de educación cívica no pueden reducirse a la difusión de nociones teóricas o abstractas sobre lo que significa vivir en democracia. Deben partir, más bien, de una realidad ineludible: de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una proporción significativa de la población adulta en México presenta serias dificultades en el dominio de la competencia lectora, incluso cuando se trata de textos breves o de localizar información específica a partir de preguntas o instrucciones claras.

Frente a un proceso que para la ciudadanía resultó complejo y donde solo participó el 12% de la lista nominal, da la impresión de que, con la aprobación de la reforma electoral se descuidó un aspecto fundamental: que la gente quiera participar y, sobre todo, que sepa por qué y cómo hacerlo. La elección de 2027 no puede entenderse únicamente como un ejercicio de eficiencia administrativa, de reducción de costos o de disminución de capacidades institucionales. Es indispensable preguntarnos, con honestidad, en qué lugar estamos colocando a la ciudadanía. No debemos perder de vista que el trabajo que se realiza desde los distintos ámbitos institucionales es, en última instancia, para y por la ciudadanía. Apostar por ello es, en buena medida, apostar por el fortalecimiento de nuestro desarrollo democrático.

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