La dirigente del antorchismo capitalino, Gloria Brito Nájera, advirtió que el acceso a la vivienda en la capital del país se ha convertido en una problemática crítica que afecta a miles de familias, y sostuvo que garantizar este derecho es una obligación del Estado.

De acuerdo con su postura, la Ciudad de México atraviesa una profunda crisis derivada de la escasa construcción de vivienda social y el encarecimiento sostenido del mercado inmobiliario, “así, el rezago no disminuye, al contrario, sigue creciendo”, externó.

Datos recientes reflejan la dimensión del problema: cada año se requieren alrededor de 70 mil viviendas en la capital, pero la construcción de la misma está muy lejos de cubrir esa necesidad. Tan sólo en 2025 se edificaron cerca de 2 mil viviendas, cifra que resulta insuficiente para atender la demanda real.

A este panorama se suma el incremento en los costos de renta y compra. En colonias céntricas como Roma y Condesa, las rentas han registrado aumentos de hasta 140% en la última década, mientras que el precio de la vivienda continúa elevándose por encima de la inflación, con un crecimiento del 8.2% en 2025.

Brito Nájera enfatizó que estas condiciones afectan con mayor dureza a los sectores de bajos ingresos, especialmente en una ciudad donde el 45% de la población trabajadora se encuentra en la informalidad, lo que dificulta el acceso a créditos y programas de vivienda. Además, muchas familias destinan más del 30% de sus ingresos al pago de renta, teniendo que recortar en alimentación, transporte o salud para poder mantener un techo.

Esta situación ha obligado a numerosas familias a vivir en condiciones de hacinamiento o tener que irse hacia la periferia, alejándose de sus fuentes de empleo y servicios esenciales, lo que impacta directamente en su calidad de vida.

Frente a este escenario, el Movimiento Antorchista ha impulsado la organización de familias afectadas para exigir atención a esta problemática. Como parte de estas acciones, se había convocado a una movilización en la capital; sin embargo, esta fue suspendida tras la apertura de una mesa de diálogo con autoridades del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).

La dirigente explicó que la decisión busca privilegiar la vía institucional, aunque dejó en claro que, si no se obtienen resultados concretos, las movilizaciones podrían reanudarse, aunque también manifestó que garantizar el acceso a la vivienda no debería depender de la presión social, sino de políticas públicas efectivas y una verdadera preocupación de las autoridades por resolver.

Por lo que exhortó a las autoridades a observar, reconocer y solucionar la crisis de vivienda que golpea a la población capitalina, insistió en que esta situación no puede seguir siendo minimizada por las autoridades de gobierno, quienes manejan los recursos públicos y tienen la obligación de brindar alternativas ante esta problemática, que limita el desarrollo de millones de personas en la capital del país.

Por último, reiteró que es urgente implementar políticas efectivas que permitan garantizar el acceso a una vivienda digna para todos los habitantes de la Ciudad de México.

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