Cdmx, abril 29 de 2026.

Pedro Moreno

Este miércoles 29 de abril, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó Rubén Rocha Moya, Gobernador del Estado de Sinaloa, así como a nueve funcionarios mexicanos más, por presuntos delitos de tráfico de drogas, de armas y vínculos con el Cártel de Sinaloa, entre los que se encuentra el Senador Enrique Inzunza Cazárez.

Al respecto, Ronald Johnson, Embajador de EEUU en México, anunció que los cargos fueron presentados este miércoles por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, afirmando que “es lo que nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera quieren y, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, es lo que merecen”.

Entre los acusados se encuentran funcionarios de alto rango, actuales o anteriores tanto del Gobierno como de las fuerzas del orden, pertenecientes al estado de Sinaloa, a quienes se les señala de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de drogas a los Estados Unidos.

La referida acusación incluye la probable participación de los inculpados en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el Cártel de Sinaloa para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos.

Además, son señalados por proteger a los líderes del Cártel de Sinaloa, actualmente en disputa tras la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024, para evitar que fueran investigados, detenidos o enjuiciados.

Igualmente, Etados Unidos señala a los acusados por proporcionar información confidencial de las fuerzas del orden y del Ejército Mexicano a los miembros de la organización criminal, así como a sus aliados.

En la denuncia se detalla: “Ordenaron a miembros de Agencias Policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos”.

La acusacion indica que estos funcionarios también habrían permitido que los miembros del Cártel de Sinaloa cometieran actos de violencia sin ninguna consecuencia. A cambio de toda su probable colaboración, habrían recibido miles de dólares.

Igualmente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculó directamente a los imputados con la facción de "Los Chapitos", liderada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Entre los 10 funcionarios implicados, se menciona a:

* Rubén Rocha Moya, por conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

* Enrique Inzunza Cazárez, actual Senador y exSecretario General de Sinaloa: conspiración para importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

* Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa: conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

* Dámaso Castro Saavedra, Fiscal adjunto

* Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe policial.

* Alberto Jorge Contreras Núñez, exmando policial.

* Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública.

* José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector policial.

*Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde de Culiacán.

* Juan Valenzuela Millán, excomandante municipal.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, todos ellos ocuparon posiciones clave que habrían permitido garantizar el funcionamiento del tráfico ilícito, desde la protección institucional hasta la logística territorial.

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