Martín Aguilar

Diputados del Estado de México analizan imponer penas de hasta doce años de prisión para quienes incurran en el robo de agua potable, a través del llamado “aguachicol”, mediante reformas a 11 ordenamientos estatales.

Durante la sesión legislativa, los representantes populares fueron informados sobre los principales aspectos de una iniciativa presentada por la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza.

El proyecto busca contar con una legislación transversal e integral en materia del derecho humano al acceso, disposición y saneamiento hídrico.

Los 11 ordenamientos estatales que se pretenden modificar son siete leyes y cuatro códigos. Todo encaminado a armonizar la legislación local con la Ley General de Aguas y las recientes reformas a la Ley de Aguas Nacionales.

Para ello se propone combatir el “huachicoleo de agua” mediante la incorporación de delitos hídricos y el fortalecimiento de sanciones por la extracción ilegal, así como sanciones para quienes excedan los límites de concesión, utilicen el recurso para fines distintos a los autorizados o participen en su comercialización ilegal.

La iniciativa presentada en la sesión tiene un enfoque de derechos humanos, estableciendo que el agua debe ser suficiente, salubre y accesible y asequible. El proyecto prioriza el uso del recurso natural para fines personales y domésticos.

Además, impulsa la captación de agua pluvial, el reúso de aguas residuales y la participación ciudadana en su gestión. Asimismo, pretende fortalecer a los organismos operadores, mejorar la planeación hídrica e incorporar indicadores de eficiencia y calidad en la prestación del servicio.

Adicionalmente, establece el incremento de multas, la cancelación de concesiones, la clausura de instalaciones y el aseguramiento de equipos en casos de uso indebido, con el objetivo de frenar redes ilegales de distribución y recuperar el control del agua como bien público.

Cabe señalar que la Ley General de Aguas, que entró en vigor el 12 de diciembre de 2025, establece las bases, apoyos y modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos; su interdependencia con otros derechos humanos; distribuye competencias y establece los casos de concurrencia entre la Federación, entidades federativas y municipios.

En tanto, las recientes reformas a la Ley de Aguas Nacionales (vigentes desde la misma fecha) priorizan el derecho humano al agua sobre el uso comercial, consolidándola como bien nacional bajo rectoría estatal.

En el Código Penal, se plantea incrementar las sanciones para quien, teniendo la obligación legal, no supervise o ejecute el proceso de desinfección del agua potable y que se encuentren bajo su responsabilidad, para quedar en un rango de cuatro a ocho años de prisión y de 100 a 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Además, se extiende la penalidad a quien distribuya agua potable a través de pipa y la extraiga u obtenga de una fuente de abastecimiento diversa a la autorizada (para quedar en un rango de cuatro a seis años de prisión y de 50 a 200 veces el valor diario de la UMA.

Asimismo, se busca incrementar la penalidad para quien, sin causa justificada, altere, impida o restrinja de cualquier forma el flujo de agua destinado al suministro de las y los usuarios, para que vayan de los cuatro a los 12 años de cárcel y de 100 a 400 veces el valor diario de la UMA.

También para quien, sin autorización, concesión, licencia o permiso expedido por la autoridad, sustraiga o se apropie del agua potable de la infraestructura hidráulica, independientemente del uso que se le destine (quedaría de seis a 12 años de prisión y de 200 a mil veces el valor diario de la UMA.

De igual forma, propone incrementar la penalidad a aquellos actos que se equiparan al delito de sustracción o apropiación de agua potable, para ir de los cuatro a los 10 años de cárcel conforme a la cantidad de agua de la que se trate. También se impondrán sanciones que van de los 300 UMA a los 700 UMA.

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