Rebeca Marín

La bancada de Morena en el Congreso local presentó una iniciativa para que las “rentas fantasmas” se tipifiquen como fraude y quienes comentan dicho abuso sean castigados.

“Buscar un lugar donde vivir no tendría que ser un deporte de alto riesgo”, comentó el legislador promovente, Paulo Emilio García.

El legislador detalló que en distintos puntos de la capital hay personas que se dedican a estafar ofreciendo rentas que no están disponibles y hacen que los interesados junten su depósito y el primer mes de renta para estrenar un hogar.

“El día de la cita, el inmueble se ve bien, las condiciones suenan razonables, y en ese momento les quitan su dinero y les cierran la puerta. Nunca hubo renta disponible. Solo una trampa”, lamentó.

Paulo García, también vocero de Morena, destacó que para ponerle nombre legal a ese abuso y darle herramientas a la autoridad para combatirlo, su iniciativa busca reformar el Código Penal de la Ciudad de México en materia de fraude en arrendamiento de inmuebles, incorporar agravantes si se hace a través de medios digitales y sancionar esquemas reiterados, con el fin de proteger el patrimonio.

La propuesta establece que se tipifica como fraude la conducta de quien ofrezca, muestre o enajene en arrendamiento un inmueble del que no tenga derecho legal o consentimiento del propietario para disponer; así como un inmueble que no exista, que no esté disponible, o del que oculte información esencial para obtener un lucro indebido.

Actualmente, en la Ciudad de México, el fraude se sanciona con penas que van desde los 25 días a 11 años de prisión, según el monto de lo defraudado.

La iniciativa contempla incrementar las penas hasta en una mitad cuando el engaño se cometa a través de medios digitales o plataformas tecnológicas.

También cuando se cometa con identidades falsas, de manera reiterada, mediante esquemas organizados, o cuando las víctimas sean personas en situación de vulnerabilidad.

La reforma también obligaría a los responsables a reparar el daño causado.

El morenista señaló que esta iniciativa se suma a la estrategia del Gobierno local y el Congreso que construyen en conjunto para proteger a los inquilinos, que son el Bando 1, la Defensoría de los Derechos Inquilinarios y la Ley de Rentas Justas.

Dicha estrategia busca frenar la gentrificación, contener el alza de precios y garantizar que nadie sea expulsado de su barrio ni de su ciudad por la especulación o la codicia de unos cuantos.

“Esta iniciativa agrega un eslabón necesario: si el problema de la vivienda ya es difícil de por sí, lo menos que puede hacer el Estado es garantizar que buscar una renta no se convierta en una oportunidad para que alguien te robe”, concluyó el legislador.

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