La revocación de mandato en la Ciudad de México no será, necesariamente, un instrumento para quitar del cargo a servidores públicos… sino una herramienta para medir fuerzas rumbo a 2027.

Aunque en el papel el mecanismo aprobado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México abre la puerta a la participación ciudadana, en la práctica enfrenta un obstáculo evidente: el desinterés. La experiencia reciente lo confirma. La gente está cansada de la política, distante de sus actores y poco dispuesta a salir a votar en ejercicios que no generan emoción ni certeza de cambio.

Por eso, el verdadero reto no será convocar a las urnas, sino llegar a ellas. Reunir el 10% de firmas necesarias para activar el proceso es complicado, pero alcanzable para grupos organizados. Lo realmente cuesta arriba será lograr una participación que legitime el resultado.

Y ahí está la clave. Porque el objetivo de ciertos grupos no es necesariamente revocar mandatos, sino desgastar a quienes hoy gobiernan. Someter a alcaldes y alcaldesas a este tipo de ejercicios implica obligarlos a distraer tiempo, recursos políticos y operación territorial en defenderse, justo cuando muchos comienzan a perfilar una posible reelección.

Bajo esta lógica, la revocación se convierte en un ensayo electoral adelantado. Un termómetro de estructura, de movilización y de control territorial. Y también, en algunos casos, en un fuego amigo.

Hay demarcaciones donde las tensiones no vienen de la oposición, sino desde dentro del propio partido. El caso de Xochimilco es particularmente ilustrativo: quienes impulsan la posibilidad de llevar a la alcaldesa Circe Camacho a este ejercicio no están fuera, sino dentro de su misma fuerza política.

Así, más que un mecanismo ciudadano, lo que veremos en los próximos meses será un campo de batalla político disfrazado de participación. La pregunta no es si habrá revocaciones. La pregunta es quién saldrá más desgastado en el camino hacia 2027.

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