Martín Aguilar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el acuerdo emitido por la Secretaría de Educación Pública que elimina la reprobación automática en educación básica por no aprobar todas las materias, además de retirar la asistencia mínima como requisito determinante para acreditar el grado escolar.

Esta resolución fue aprobada por unanimidad por el Pleno de la Corte al negar un amparo promovido por el Colegio Roble, institución perteneciente a Affinitas Education, que impugnó el modelo de evaluación impulsado por la SEP como parte de la Nueva Escuela Mexicana.

El proyecto fue elaborado por la ministra Lenia Batres Guadarrama y establece que el nuevo esquema educativo es constitucional, al considerar que busca garantizar el interés superior de la niñez, prevenir la exclusión escolar y priorizar una evaluación integral sobre criterios únicamente cuantitativos.

La resolución aplica para escuelas públicas y privadas de nivel básico en todo el país y mantiene vigente el Acuerdo 10/09/03 de la SEP, implementado desde septiembre de 2023.

Durante la discusión, la mayoría de los ministros coincidió en que la educación no debe medirse exclusivamente mediante calificaciones numéricas o listas de asistencia, sino a través de una valoración más amplia del aprendizaje, el desarrollo de habilidades y el contexto de niñas, niños y adolescentes.

“La educación de excelencia no se agota en registros de asistencias o en acreditaciones mediante mediciones numéricas cuantitativas”, argumentó la ministra ponente al defender el nuevo modelo.

El acuerdo redefine la evaluación en educación básica mediante un esquema gradual e integral. Entre los principales cambios se encuentra la reorganización de los estudios en fases y campos formativos, la promoción automática en preescolar y primer grado, además de mecanismos más flexibles para acreditar materias en secundaria a través de procesos de regularización.

Asimismo, se eliminó la asistencia mínima como criterio decisivo para aprobar el ciclo escolar y se dio prioridad a evaluaciones cualitativas enfocadas en los procesos de aprendizaje.

Uno de los puntos más debatidos fue precisamente la eliminación de la asistencia obligatoria para acreditar el grado. Algunos ministros sostuvieron que un estudiante no debe ser castigado académicamente por ausencias relacionadas con problemas familiares, sociales o situaciones ajenas a su voluntad.

El ministro Hugo Aguilar Ortiz defendió que la excelencia educativa no depende únicamente de la presencia física en las aulas o de las calificaciones, sino de múltiples factores vinculados con el desarrollo integral del alumnado.

“Castigar a un niño por no asistir ignora que muchas veces esa ausencia refleja problemas familiares o sociales que deben atenderse y no sancionarse”, expresó durante la sesión.

En el mismo sentido, el ministro Irving Espinosa Betanzo consideró que el Poder Ejecutivo tiene facultades para implementar políticas que reduzcan la deserción escolar, particularmente en comunidades rurales donde existen mayores dificultades para garantizar la permanencia escolar.

Sin embargo, otros integrantes de la Corte manifestaron preocupación por la flexibilización de los criterios de acreditación. El ministro Giovanni Figueroa Mejía advirtió que eliminar la asistencia como requisito podría contradecir principios constitucionales y estándares internacionales en materia educativa.

Por su parte, la ministra María Estela Ríos González señaló que dejar de considerar la asistencia escolar puede impactar negativamente en la calidad educativa y disminuir el compromiso académico.

“Si queremos que realmente haya una educación que esté al alcance de todos, sí debemos tomar en cuenta esta situación. De lo contrario, estamos dejando al garete la educación de los niños”, afirmó.

Pese a las diferencias de opinión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que el acuerdo de la SEP busca evitar la exclusión y la deserción escolar, por lo que determinó mantener vigente el nuevo modelo educativo en el sistema nacional de educación básica.

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