Alberto Moreno

Ciudad de México.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, organismo que dependerá del Instituto Nacional Electoral y tendrá como objetivo detectar posibles vínculos de aspirantes con la delincuencia organizada.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria federal explicó que la propuesta busca impedir que personas con presuntos nexos criminales puedan convertirse en candidatas o candidatos de cualquier fuerza política rumbo a las elecciones de 2027.

Sheinbaum señaló que la iniciativa fue resultado de diversas mesas de trabajo y análisis realizados desde hace varios meses, y subrayó que se decidió acelerar su presentación para que el nuevo mecanismo pueda aplicarse en el próximo proceso electoral federal y local.

La presidenta precisó que el proyecto respetará plenamente el principio constitucional de presunción de inocencia y aclaró que la intención es generar herramientas de prevención y consulta para que los partidos políticos cuenten con información adicional al momento de definir postulaciones.

Detalló que, en caso de detectarse elementos considerados de riesgo, las instituciones del Estado mexicano podrán iniciar investigaciones y presentar las denuncias correspondientes conforme a sus atribuciones legales.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la nueva Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas estaría integrada por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General del INE para un periodo de tres años.

Indicó que este órgano funcionaría como enlace entre los partidos políticos y las autoridades de seguridad, inteligencia financiera y procuración de justicia.

De acuerdo con la propuesta, los partidos que voluntariamente decidan participar entregarían listas de aspirantes a candidaturas para que sean revisadas por distintas instituciones federales.

Entre las dependencias involucradas se encuentran la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.

Las instituciones analizarían la información disponible sobre cada aspirante y emitirían una valoración para determinar si existe o no un “riesgo razonable” relacionado con posibles vínculos con la delincuencia organizada.

Posteriormente, la Comisión informaría a los partidos políticos sobre los resultados de la revisión y señalaría qué instancias detectaron posibles riesgos.

Con base en esa información, cada partido decidiría si mantiene o no la candidatura correspondiente; sin embargo, en caso de identificarse elementos relevantes, las autoridades continuarían las investigaciones pertinentes conforme a sus facultades legales.

El gobierno federal sostuvo que esta iniciativa forma parte de una estrategia para fortalecer la integridad de los procesos democráticos y evitar la infiltración de intereses criminales en cargos de representación popular.

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