Martín Aguilar

Organizaciones de derechos humanos han emitido un pronunciamiento urgente ante la creciente preocupación por la situación de la libertad de prensa en San Luis Potosí. En un periodo crítico de 48 horas, se ha documentado la detención de tres comunicadores y la emisión de múltiples órdenes de aprehensión, bajo procesos señalados como opacos y violatorios del debido proceso.

La denuncia central apunta al uso abusivo de recientes reformas al Código Penal estatal, las cuales buscan sancionar el uso indebido de Inteligencia Artificial. Aunque la ley estipula excepciones para fines periodísticos y de crítica política, las organizaciones advierten que estas normas están siendo utilizadas discrecionalmente para intimidar y silenciar voces opositoras.

Entre los casos documentados destaca la detención de Christian Herrera, creador de la página “Código Rojo” en Ciudad Valles. Según reportes, Herrera fue aprehendido con violencia física el pasado 21 de mayo y trasladado a la capital, pese a la existencia de oficinas ministeriales en su municipio. A la fecha, se reporta incomunicado en el Centro Estatal de Reinserción Social “La Pila”, bajo una acusación por robo que, según familiares y activistas, carece de claridad y veracidad.

El pronunciamiento también incluye la detención de Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo. La coincidencia en estos procesos ha encendido alarmas sobre una posible estrategia de criminalización contra activistas políticos y periodistas digitales en la entidad.

Las organizaciones firmantes exigen a las autoridades de San Luis Potosí transparencia inmediata y el cese de la utilización de figuras penales para inhibir el ejercicio periodístico. La situación pone a prueba la vigencia de los derechos digitales y la protección constitucional de la libertad de expresión frente a las nuevas tecnologías.

La comunidad periodística nacional se mantiene vigilante ante estos hechos, cuestionando la aplicación de normas que, lejos de combatir la desinformación, parecen ser un instrumento para el control social y la censura.

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