Martín Aguilar

El Congreso de la Ciudad de México aprobó, en su carácter de integrante del Constituyente —con 44 votos a favor y 18 en contra del PAN, PRI y MC— el dictamen en materia de reforma del Poder Judicial (PJ) que, entre otros puntos, aplaza su elección de 2027 al 2028.

Para razonar su voto, pasaron a tribuna 24 diputadas y diputados de las distintas fuerzas políticas.

Esta aprobación reforma los artículos 35, 94, 96, 98, 100, 116 y 122 al máximo instrumento legal del país, encaminadas a mejorar los mecanismos de elección del Poder Judicial, entre los que sobresalen los criterios para la integración de los Comités de Evaluación y Selección de Candidatos.

Morena y aliados coincidieron en que la transformación nacional debe alcanzar al sistema de justicia, porque no puede haber una verdadera democracia si el pueblo cree que no se atienden sus demandas. Señalaron que esta reforma perfecciona el diseño normativo de la impartición de justicia y fortalece la legitimidad del Poder Judicial.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, señaló que dicha modificación responde al mandato de la ciudadanía, ya que 83 por ciento de la población considera necesario continuar las reformas para mejorar el proceso de elección. Además, que 82 por ciento está dispuesto a participar en las urnas para ello, y que 85 por ciento apoyó la creación de mecanismos estrictos de vigilancia y sanción de jueces y magistrados.

La bancada del PAN coincidió en que, desde su origen, la reforma judicial fue diseñada sin planeación; sin diagnóstico ni viabilidad técnica, y que después de 20 meses eso les da la razón. También señalaron que con la nueva modificación a la Carta Magna se intenta aumentar el control político a través de las boletas electorales.

Además, comentaron que estas reformas no fortalecen al Poder Judicial ni al sistema de justicia, sino que se atenta contra ésta y la vida democrática, y destacaron que se trata de “un nuevo intento de oficialismo por consolidar el control político sobre el sistema de justicia y profundizar el debilitamiento de la carrera judicial”.

“Constituye un atentado más contra la vida democrática y la justicia mexicana… El oficialismo sigue parchando la Constitución mientras millones de mexicanos continúan esperando una justicia pronta y eficaz”, comentó la legisladora Olivia Garza.

La legisladora de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza, reclamó que el Poder Judicial no ha resuelto la impunidad en México, y que es preocupante la reducción de su productividad en 40 por ciento.

Los diputados del PRI, Omar García y Tania Larios, reprocharon que esta reforma se aprobó con prisa, sin planeación y sin medir sus consecuencias; además lamentaron que lo único que logró la modificación constitucional fue reducir el Comité Evaluador de diez a cuatro personas; cambiar la fecha de la revocación del mandato, y garantizar la reelección de los magistrados.

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