Martín Aguilar

El Instituto Nacional Electoral (INE) señaló que enfrentará desafíos estructurales, tecnológicos y operativos sin precedentes rumbo al proceso electoral 2026-2027, advirtió la consejera electoral Carla Humphrey Jordan, quien puntualizó la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas ante la complejidad que implicará la próxima contienda electoral.

Durante su participación en el panel “Fiscalización y Rendición de Cuentas”, realizado en el marco del “Foro Elecciones Concurrentes 2027: Retos del Sistema Nacional Electoral”, Humphrey Jordan informó que el organismo deberá supervisar entre 25 mil y 35 mil candidaturas en todo el país, lo que exigirá mayores capacidades humanas, técnicas y tecnológicas.

La consejera electoral aseveró que la fiscalización electoral debe evolucionar hacia modelos más eficientes y oportunos, apoyados en herramientas tecnológicas que permitan una supervisión en tiempo real de los recursos utilizados en campañas.

“Tenemos que evolucionar hacia una fiscalización más potente, en tiempo real, con herramientas tecnológicas que nos permitan ser más eficientes y oportunos en la rendición de cuentas”, afirmó Humphrey Jordan.

La consejera explicó que fenómenos como el crecimiento de la propaganda digital, el uso de herramientas de Inteligencia Artificial y la sofisticación de los mecanismos de financiamiento político obligan a las autoridades electorales a fortalecer el monitoreo en redes sociales y mejorar la trazabilidad de los recursos.

Por lo tanto, Humphrey Jordan consideró indispensable avanzar hacia esquemas de fiscalización basados en riesgos, con el objetivo de concentrar los esfuerzos institucionales en información relevante y evitar la acumulación de datos que dificulten los procesos de supervisión.

Entre los principales desafíos identificados, la consejera electoral mencionó la detección de financiamiento ilícito, la identificación de beneficiarios reales de los recursos y la posible intervención extranjera en procesos electorales, aspectos que cobran relevancia en el contexto de la reciente reforma electoral.

Como parte de las nuevas herramientas institucionales, Humphrey enfatizó la creación de una comisión de verificación de integridad de candidaturas, integrada por tres consejerías electorales, cuyo propósito será analizar los perfiles de las personas aspirantes a cargos de elección popular e identificar posibles riesgos relacionados con vínculos ilícitos.

La funcionaria del INE comentó que dicho mecanismo contará con coordinación de instancias de seguridad e inteligencia financiera para detectar antecedentes o posibles nexos con actividades delictivas, incluido el crimen organizado. Sin embargo, aclaró que la participación de los partidos políticos será voluntaria y que corresponderá a éstos decidir sobre el registro de candidaturas con base en la información de riesgo que reciban.

Por otro lado, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, Mario Alberto Alejo García, coincidió en que la autoridad electoral enfrenta importantes retos operativos y tecnológicos para la revisión de ingresos y gastos de partidos políticos y candidaturas.

Alejo García declaró que la fiscalización implica procesos complejos que abarcan desde la recepción de información hasta la emisión de dictámenes consolidados, en un entorno caracterizado por el creciente volumen de datos y restricciones presupuestales y de personal.

El titular de la unidad contó que la expansión de la propaganda digital y los esquemas de simulación representan algunos de los principales desafíos rumbo a 2027, por lo que consideró fundamental incorporar herramientas tecnológicas e Inteligencia Artificial para fortalecer las labores de monitoreo y análisis.

En el mismo sentido, la vocal ejecutiva del INE en Hidalgo, María del Refugio García López, precisó que la fiscalización electoral enfrenta un escenario cada vez más complejo debido a la digitalización de las campañas y a la sofisticación del financiamiento político.

García López comunicó que esta función no sólo tiene como objetivo supervisar recursos económicos, sino también proteger principios fundamentales como la equidad, la legalidad y la transparencia en la competencia electoral.

Durante el foro también se llevó a cabo la mesa de análisis Una nueva propuesta de reforma electoral: ¿Derechos políticos y electorales en juego?, donde especialistas y autoridades electorales examinaron los alcances de la reciente reforma.

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