Hombres armados en una motocicleta agredieron a balazos a Higinio Gutiérrez Luna, de 63 años de edad y candidato a presidente del comisariado ejidal, por la planilla azul para elegir nuevo presidente en el Ejido de Santa María Chimalhuacán; éste recibió uno de cuatro tiros, por lo que quedó gravemente herido. Debido a ello, lucha contra la muerte.

Las investigaciones señalan que Gutiérrez Luna salió del domicilio ubicado sobre la calle Aldama, esquina con Ignacio Zaragoza, a escasos 500 metros de la presidencia municipal que dirige la alcaldesa morenista Xóchitl Flores Jiménez.

Versiones vecinales indicaron que los dos hombres en moto vestidos de negro, esperaban al candidato frente al domicilio, con la motocicleta encendida, por lo que, al verlo salir, de inmediato se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones, para, luego darse a la fuga.

Este hecho de violencia provocó que vecinos llamaron a paramédicos de protección civil, quienes al llegar corroboraron que el dirigente ejidal estaba lesionado con un disparo de arma de fuego en el abdomen; además, otros tres casquillos quedaron dispersos en la banqueta del lugar.

Ante esta agresión, ocurrida 24 horas antes de la asamblea que renovará la mesa directiva ejidal, simpatizantes del candidato lesionado, asociaron este atentado, con la presunta entrega irregular de un predio de más de 7 mil metros cuadrados al gobierno municipal de Chimalhuacán, encabezado por Xóchitl Flores Jiménez.

Los inconformes añadieron que el predio, ubicado en Barranca del Muerto, en Corte Loma de San Pablo, habría sido enajenado a título gratuito de manera presuntamente ilegal, debido a que el comisariado ejidal carecía de facultades para donar o entregar tierras sin autorización de la Asamblea General de Ejidatarios.

También acusaron al gobierno municipal de haber recibido el terreno pasando por encima de la Ley Agraria, que reconoce a la Asamblea General como la máxima autoridad del núcleo ejidal.

Los hombres del campo señalaron que ya denunciaron ante la Procuraduría Agraria una serie de presuntas irregularidades realizadas durante la asamblea del pasado 17 de mayo, entre ellas anomalías en la convocatoria, en el desarrollo de la reunión y la presunta presencia de un grupo de choque para intimidar a los asistentes.

Tras el ataque armado, los inconformes pidieron a la Procuraduría Agraria cancelar la asamblea hasta que existan condiciones de seguridad y presencia de la Guardia Nacional, con el objetivo de impedir la intervención de terceros o hechos de violencia.

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