Cdmx, junio 12 de 2026.

Pedro Moreno

Este viernes 12 de junio, la Comisión Anticorrupción del Congreso Local del Estado de Nuevo León resolvió avanzar en el proceso de Juicio Político contra el Gobernador Samuel García Sepúlveda.

Con una votación de seis a uno, los Legisladores decidieron que la denuncia, por presunta triangulación de cerca de mil millones de pesos hacia empresas vinculadas con familiares de García Sepúlveda, continúe su curso formal.

La decisión implica que el mandatario estatal tendrá un plazo de 15 días hábiles para ofrecer su declaración, la cual podrá hacer en persona, por escrito o a través de un representante legal.

El procedimiento responde a una denuncia presentada, el pasado 08 de junio, por Anabel del Roble Alcocer, Dirigente Estatal de Morena, quien acudió acompañada de otros miembros del partido para formalizar la acusación de corrupción y manejo irregular de fondos estatales por parte de Samuel García.

Tres de cuatro Diputados de la llamada 4T se ausentaron de la Comisión de Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, donde se inició el trámite del juicio político promovido por Morena contra el Gobernador del Estado.

La dirigencia estatal de Morena presentó la solicitud el pasado lunes en la Oficialía de Partes: la firma la presidenta estatal Anabel Alcocer como ciudadana y acusa presuntos actos de corrupción; además, el partido también lo denunció ante la FGR por los mismos hechos.

En la sesión se presentaron Diputados del PRI y PAN, junto con Grecia Benavides Flores, Legisladora de Morena y la Diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, mientras que el coordinador de Morena Mario Soto, el morenista Rodrigo Montemayor y la diputada del Partido Verde Claudia Chapa, se ausentaron.

Así mismo, el pasado 26 de nayo, Morena por medio de su dirigencia estatal, presentó una acusación formal ante la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México, señalando directamente al Gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez.

De acuerdo con la denuncia presentada, la acusación se centra en una supuesta red de transferencias irregulares, cuyo recursos habrían sido extraídos de diversas áreas del Gobierno de Nuevo León y de organismos estatales, a través de pagos a empresas proveedoras.

Igualmente, en la demanda se detalla que, posteriormente, ese dinero habría circulado entre compañías privadas hasta llegar al despacho "Jurídica y Fiscal Abogados S.C.", señalado como centro de concentración de los fondos, cuya firma tiene entre sus socios al Gobernador Samuel García, y a su padre, Samuel Orlando García Mascorro.

Cabe mencionar que, la dirigenta estatal de Morena, Anabel Alcocer, acudió personalmente a las oficinas de la Fiscalía General de la República para entregar la denuncia, donde exigió: "Por esta triangulación de pagos que ha hecho el Gobernador Samuel García a través de proveedores del Gobierno y que terminan en un despacho fiscal y de abogados donde su padre es socio”, el caso merece investigación exhaustiva.

El escrito sostiene que al menos cuatro rutas de transferencias relacionadas con contratos y pagos públicos estatales facilitaron el flujo de dinero.

Además, de acuerdo con los señalamientos, tras pasar por varias empresas, parte de esos recursos habrían sido enviados a Estados Unidos para dificultar su rastreo.

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