Expediente/ Abandono Institucional para esclarecer asesinato de la Dra Adela Rivas: Familiares
* Inoperancia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en Guerrero
* Robo de medicamentos controlados en el IMSS como posible móvil del crimen.
Lino Calderón

Hay abandono institucional para esclarecer asesinato de la Doctora Adela Rivas a causa de robo de medicamentos del IMSS que hubiera detectado, denunciaron sus familiares de la doctora Adela Rivas Obé, desaparecida y asesinada en septiembre de 2016 en Zihuatanejo, en la región de Costa Grande.
Además acusaron que la delegación estatal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en Guerrero, no ha establecido una estrategia jurídica para brindar acompañamiento a su caso, además de negarles asistencia médica.
En conferencia de prensa en el interior de las instalaciones de la CEAV, en la colonia Costa Azul, después de sostener un encuentro con directivos de la Comisión, la tarde del jueves, Darío Bolívar Rojas Rivas, hijo de Adela Rivas, explicó que si bien el asesino material de su madre ya fue detenido y sentenciado a 38 años, quien se encuentra interno en el penal de La Unión, su principal exigencia es que las autoridades vinculen el homicidio al robo de medicamentos controlados ocurrido en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Petacalco, anomalía que su madre fue asignada a investigar por la propia delegación estatal del Instituto en 2016.
La doctora Adela Rivas desapareció el 22 de septiembre de 2016, y sus restos fueron encontrados el 11 de octubre de ese mismo año en una barranca en la playa Majahua de Zihuatanejo, entre escombros y ramas, sin su uniforme de trabajo. Su rostro fue destruido, y sus pies y manos cercenados.
Bolívar Rojas recordó que su madre era médica cirujana con una antigüedad de 25 años en el IMSS, directora de microzona del Instituto, cuando le faltaba un año para jubilarse, y fue asignada a investigar el robo de medicamentos controlados en la clínica del IMSS en Petacalco.
Reprochó que "están investigando una desaparición forzada como si la doctora hubiera desaparecido cuando caminaba, no quieren investigar los motivos por los cuales le arrebataron la vida; ella fue torturada y asesinada".
Bolívar Rojas subrayó que "para nosotros representa lo más importante que es la justicia integral para mi mamá; no nada más buscar justicia por su homicidio, para nosotros hacer la investigación de robo de medicamentos es reivindicar la memoria de mi mamá, el legado que ella deja en nosotros".
Insistió que "lo que estamos exigiendo es una investigación clara de la desaparición de la doctora Adela, sobre el robo de medicamentos y que no seamos revictimizados", y advirtió que el asesino y ladrón estaba robando 100 mil pesos mensuales en medicamentos controlados.
Asimismo, Bolívar Rojas acusó que la CEAV se niega a proporcionar ayuda médica a su padre y esposo de la doctora Adela, Wilibaldo Rojas, quien padece ceguera parcial y diabetes, con el argumento de que ya tiene una pensión y porque ya pasaron 10 años de ocurrido el crimen, por lo que ya no necesita las medidas de ayuda, así como su hermano, quien se encuentra desplazado en el estado de Jalisco, por lo que la CEAV delegación Guerrero se deslinda.
El profesor Wilibaldo Rojas Arellano, esposo de Adela Rivas, expresó que "a ella la mandan a investigar ese robo de medicamentos, y vil y cobardemente la secuestran y le quitan la vida; desde entonces hemos estado exigiendo justicia; a este sujeto que está preso nada más se le juzgó por el hecho de haberle quitado la vida a la doctora; nosotros apelamos a la justicia federal y hasta 2023 activaron nuevamente el expediente de la doctora Adela".
Lo que se sabe es que el MSS cuenta con facultades legales para requerir esta información a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a la Fiscalía General de la República y a otras instancias competentes, “además, debería existir un expediente en sus propios archivos sobre los hechos ocurridos en el 2016; hasta la fecha no hay constancia de que el Instituto haya establecido alguna vía de comunicación interinstitucional para cumplir con la investigación del robo de medicamentos que le fue instruida expresamente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.
Recordaron que en 2016 el entonces delegado del IMSS, José Luis Ávila Sánchez, negó públicamente el robo de medicamentos que la doctora Adela Rivas Obé fue enviada a investigar, “hoy, casi nueve años después, estos tres auditores que firman dicho requerimiento replican la misma estrategia de encubrimiento institucional: exigen a la familia, que en un plazo perentorio de cinco días, que entregue la documentación que compruebe un crimen que el propio IMSS encubrió, solapó y se ha negado sistemáticamente a investigar o presentar una denuncia ante las instancias correspondientes”.
Subrayaron que esta acción “no representa un avance hacia la verdad: es la confirmación de una voluntad institucional de seguir encubriendo el robo sistemático de medicamentos”.
Añadieron que esa “actuación indolente por parte de los tres auditores no es un error aislado, sino la manifestación de un patrón sistemático: el IMSS perpetúa un modelo de impunidad en el que el aparato del Estado revictimiza, evade su deber como garante de la verdad y la justicia, y convierte la negación institucional en norma operativa”.
Añadieron que el “robo sistemático de medicamentos, la desaparición forzada y el asesinato de la doctora Adela Rivas Obé no son hechos nuevos ni desconocidos por el Instituto ni por el Estado: forman parte de su historial de omisiones desde el año 2016”.
Agregaron que México “no necesita más simulaciones, lo que el IMSS ha puesto en marcha es un montaje diseñado para sepultar la verdad bajo trámites burocráticos. Con esta actuación, queda en evidencia que carece de transparencia y voluntad real de justicia”.
Advirtieron que si el IMSS “sigue sin asumir su deber con responsabilidad, transparencia e imparcialidad, no solo estará obstruyendo el acceso a la justicia, sino comprometiendo la legitimidad de las instituciones públicas frente a un caso de desaparición forzada y corrupción documentada; la responsabilidad no prescribe y la justicia, tampoco”.

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