Cdmx, julio 01 de.2026.

Pedro Moreno

* Los contratos se suscribieron con empresa fantasma por más de 11 millones de pesos.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sio a conocer que obtuvo la vinculación a proceso penal de cuatro exfuncionario adscritos al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE y de una empresaria 9particular, por su presunta participación en la suscripción ilegal de contratos de servicios médicos de alta especialidad.

Así mismo, se informó que el.personal del hospital firmó tres contratos con una compañia que figuraba en el listado federal de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas e inexistentes, conocido como EFOS, un registro oficial que identifica a compañías que emiten comprobantes fiscales sin respaldo en operaciones reales.

Al ser detectada esta irregularidad, la dependencia presentó una denuncia penal ante el órgano jurisdiccional correspondiente. El monto total ascendió a 11 millones 147 mil 692 pesos.

Cabe mencionar que dichos contratos involucraban servicios de alta especialidad dentro de un hospital de referencia nacional perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo que agrava el impacto de las irregularidades al comprometer recursos destinados a la atención médica de trabajadores del sector público.

El Juez que conoce del caso determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal contra cuatro exservidores públicos que ocupaban cargos de Dirección y Subdirección en el hhospital20 de Noviembre cuando ocurrieron los hechos.

Los inculpados fiaron identificados como:
José Alfredo “N”, Director; Javier “N”, Coordinador; Ma. Dolores “N”, Subdirectora; y Rodrigo “N”, Subdirector, quienes enfrentan cargos por hechos presuntamente constitutivos del delito de uso indebido de atribuciones conforme al Código Penal Federal.

Además, esta acusada Cecilia Guadalupe “N”, que actuó como representante legal de la empresa contratada, a quien se le atribuye el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, también tipificado en el Código Penal Federal.

Su vinculación al proceso extiende la responsabilidad penal más allá del ámbito del Servicio Público, alcanzando al Sector Privado que participó en este esquema fraudulento.

Igualmente y como medida cautelar, el Juzgador impuso a los presuntos responsables la prohibición de salir del país sin autorización judicial, así como la obligación de presentarse periódicamente ante la unidad responsable del seguimiento del caso.

Estas medidas buscan garantizar la continuidad del proceso penal y evitar la sustracción de los señalados de la acción de la justicia mientras avanza la investigación.

La SABG precisó, conforme al principio constitucional de presunción de inocencia, que la situación jurídica de los imputados podrá modificarse únicamente mediante sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.

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