Alberto Moreno

Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a las y los periodistas que consideren estar en situación de riesgo para que soliciten apoyo a la Secretaría de Gobernación, al asegurar que el Gobierno de México mantiene mecanismos de protección para garantizar que puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria se refirió al caso de la periodista veracruzana Roxana Guzmán, cuya desaparición derivó posteriormente en el hallazgo de restos humanos que las autoridades investigan como parte del caso. En ese contexto, reiteró que la administración federal dará seguimiento puntual a las investigaciones y anunció que próximamente presentará un informe sobre los asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos registrados en el país.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las investigaciones relacionadas con este caso han permitido ejecutar ocho órdenes de aprehensión y concretar la detención del mismo número de personas; sin embargo, aclaró que las indagatorias continúan debido a que aún existen más presuntos responsables por localizar.

El funcionario añadió que mantiene coordinación permanente con el Gobierno de Veracruz para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y precisó que la cooperación con agencias de seguridad de Estados Unidos se limita al intercambio de información e inteligencia, cuya utilización es evaluada por las autoridades mexicanas conforme a sus propios procedimientos.

En otro tema, el Gobierno de México endureció su postura respecto a la detención de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, al señalar inconsistencias entre la información proporcionada previamente por autoridades estadounidenses y los datos revelados recientemente en un reportaje periodístico.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó una cronología de los acontecimientos relacionados con la captura de ambos integrantes del Cártel de Sinaloa, recordando que tras la extradición de Ovidio Guzmán López a Estados Unidos, el Gobierno de México solicitó información oficial sobre la detención de Zambada, luego de que ambos fueran asegurados en territorio estadounidense en julio de 2024.

La funcionaria recordó que en agosto de ese mismo año el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo públicamente que ninguna agencia estadounidense había participado en el traslado y captura de los presuntos narcotraficantes.

Sin embargo, explicó que un reportaje difundido recientemente muestra que la aeronave utilizada en ese operativo forma parte de una exhibición atribuida al Buró Federal de Investigaciones (FBI), situación que, de confirmarse oficialmente, contradice la versión ofrecida por el gobierno estadounidense.

Ante este escenario, Rosa Icela Rodríguez afirmó que existen versiones incompatibles sobre lo ocurrido y advirtió que, de comprobarse una intervención de autoridades estadounidenses sin conocimiento del Gobierno de México, podrían configurarse violaciones a la soberanía nacional, así como a la Constitución mexicana, la Ley de Seguridad Nacional y diversos instrumentos internacionales.

Asimismo, subrayó que la administración federal rechaza cualquier tipo de acuerdo con organizaciones criminales y sostuvo que corresponde a las autoridades esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran existir.

En materia de política exterior, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que la Fiscalía General de la República solicitará formalmente al FBI información relacionada con su posible participación en la captura de Ismael Zambada, al tiempo que señaló que el diálogo diplomático con el gobierno estadounidense continúa abierto.

Velasco también expresó la confianza del Gobierno de México en que la Corte Internacional de Justicia falle a favor del país en la demanda presentada contra Ecuador por el ingreso de fuerzas de seguridad a la Embajada de México en Quito, al considerar que dicha acción vulneró principios fundamentales del derecho internacional y la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.

Finalmente, García Harfuch presentó un balance sobre la situación de seguridad en Sinaloa, donde expuso los indicadores más recientes en materia de incidencia delictiva como parte de la estrategia federal para atender la violencia en esa entidad.

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