Cdmx, julio 15 de 2026.

Pedro Moreno

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Enrique “N”, sacerdote de la Arquidiócesis de México, con 25 años de ministerio, por el delito de pederastia agravada contra una adolescente de 17 años en la Alcaldía Cuauhtémoc.

En audiencia celebrada el 14 de julio, la FGJ-CDMX formuló la imputación formal contra Enrique “N” y presentó ante el Juez de Control los datos de prueba reunidos durante la investigación.

Por su parte, el Juez determinó vincular a proceso al imputado por el delito de pederastia agravada, le impuso prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe mencionar que la captura del sacerdote depravado se llevó a cabo el 09 de julio, en las inmediaciones de la Parroquia San Martín de Porres, ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc, tras que Agentes de la Policía de Investigación de la Procuraduría capitalina cumplimentaron una orden de aprehensión.

Trascendió que el origen del caso se remonta al 08 de enero del presente año, cuando la madre de la menor afectada encontró en el teléfono celular de su hija conversaciones de contenido sexual con un contacto guardado bajo el nombre de “Winnie Poo”.

La víctima identificó ese contacto como Enrique “N” y declaró que el sacerdote la habría obligado a realizar actos de índole sexual en al menos cuatro ocasiones distintas.

Con base en esa denuncia, el Ministerio Público recabó entrevistas, dictámenes periciales y realizó labores de seguimiento técnico, que dieron como resultado acreditar los datos de prueba suficientes para solicitar y obtener la respectiva orden de aprehensión.

Ante este caso de pederastia por parte de un eclesiástico, este miércoles 15 de julio, la Arquidiócesis Primada de México emitió un comunicado oficial, en el que reveló que no fue ninguna autoridad civil quien la alertó del caso si no, "un sacerdote perteneciente a esta Iglesia particular le informó que fue detenido por autoridades civiles en el marco de una investigación por la presunta comisión de un delito de carácter sexual en agravio de una persona menor de edad“.

En el documento precisó que: “hasta el momento, la Arquidiócesis no ha sido notificada por la autoridad competente", aunque manifestó su “plena disposición para colaborar en lo que sea requerido, a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la procuración de justicia”.

Por su parte, el Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, instruyó a la autoridad eclesiástica para que iniciara de manera inmediata la investigación previa correspondiente, “de conformidad con el derecho canónico y con los procedimientos establecidos por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe”. El comunicado aclaró que esas medidas internas se llevarán a cabo “sin interferir ni sustituir las actuaciones de las autoridades civiles”.

La institución reiteró en su comunicado su “cercanía con la víctima menor de edad, con su familia y con toda persona que pudiera haber sido víctima de cualquier forma de abuso”, y refrendó su “compromiso permanente con la protección de niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables”.

La Arquidiócesis dirigió también un llamado expreso a medios de comunicación y usuarios de redes sociales para que se abstengan “de difundir públicamente el nombre, imágenes, datos personales o cualquier información que permita identificar, directa o indirectamente, a la persona menor de edad afectada, con el propósito de proteger su dignidad, así como de evitar cualquier forma de revictimización”.

Al mismo tiempo, la institución invocó “el derecho que toda persona tiene a la presunción de inocencia y al debido proceso” e indicó que “evitará emitir juicios anticipados” y se abstendrá de revelar la identidad del sacerdote mientras las autoridades competentes desarrollen las diligencias correspondientes.

Mientras que la organizaciónSpes Viva, dedicada a la defensa de los derechos de la infancia, emitió una postura en la que denunció que la Arquidiócesis aprovecha el silencio “para proteger y encubrir este tipo de casos, dejando a las víctimas en estado de gran indefensión y vulnerabilidad”.

La agrupación exigió que la institución eclesiástica “colabore en las investigaciones y rompa su pacto de silencio”, y llama a las autoridades capitalinas a “apegarse a derecho y no hacer valer en este caso el tácito ‘fuero eclesiástico’ que en el pasado ha otorgado impunidad a los ministros católicos pederastas”.

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