Rebeca Marín

La Red de Acción sobre Alcohol se pronunció por impulsar una política nacional para el control de bebidas alcohólicas que permita reducir los daños a la salud, prevenir la violencia y disminuir los siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol.

Alonso Robledo, vocero de la organización, afirmó que las celebraciones durante el Mundial dejaron al descubierto las deficiencias del marco regulatorio vigente, al registrarse hechos de violencia, siniestros y muertes relacionadas con el consumo de alcohol.

“Lo que nos dejó como experiencia es que todas esas cosas que ocurrieron pudieron haberse evitado si tuviéramos una política que regulara las bebidas alcohólicas”, sostuvo.

Respecto a la aplicación de la ley seca durante las celebraciones en la Ciudad de México, Robledo consideró que la medida fue insuficiente y evidenció las limitaciones de implementar acciones aisladas para enfrentar el consumo de alcohol.

“La ley seca quedó más que corta, me parece que fue inútil”, afirmó.

Explicó que la restricción aplicada únicamente en la alcaldía Cuauhtémoc no impidió el acceso a bebidas alcohólicas, ya que asistentes provenientes de otras entidades y vendedores informales continuaron abasteciendo a los consumidores.

Para el representante de la Red de Acción sobre Alcohol, este caso demuestra que la ley seca, por sí sola, queda a deber como estrategia para enfrentar el problema del consumo de alcohol, al no formar parte de una política integral y coordinada.

La ley seca es justamente el mejor ejemplo de por qué políticas aisladas no funcionan. Una política nacional tendría que establecer criterios homogéneos; de otra forma es como tener la puerta cerrada y las ventanas abiertas cuando está lloviendo en tu casa, Alonso Robledo, vocero de La Red de Acción sobre Alcohol.

El activista indicó que los costos directos e indirectos asociados al consumo de bebidas alcohólicas ascienden a aproximadamente 552 mil millones de pesos al año, además de que el alcohol está vinculado con siete tipos de cáncer, más de 200 enfermedades y al menos seis de las diez principales causas de muerte.

Con 112 siluetas humanas colocadas frente al histórico edificio de Lieja, antigua sede de la Secretaría de Salud, la Red de Acción sobre Alcohol (RASA) hizo un llamado urgente para impulsar una reforma fiscal y regulatoria que reduzca el impacto del consumo de alcohol, responsable de 112 muertes diarias en el país, es decir, más de 41 mil al año.

La intervención simbólica acompañó la entrega de una carta dirigida al secretario de Salud, David Kershenobich, en la que organizaciones civiles solicitaron encabezar una política nacional para el control del alcohol que priorice la salud pública sobre los intereses comerciales, con base en la estrategia SAFERS que propone la Organización Mundial de la Salud.

De acuerdo con RASA, México mantiene prácticamente intacto su marco regulatorio sobre bebidas alcohólicas desde hace más de diez años.

La última reforma relevante a la Ley General de Salud ocurrió en 2015, mientras que el reglamento en materia de publicidad permanece sin modificaciones desde el año 2000. Asimismo, la Norma Oficial Mexicana sobre etiquetado de bebidas alcohólicas continúa vigente desde 2016, pese a que este tipo de disposiciones deberían actualizarse cada cinco años.

La organización advirtió que esta falta de actualización ocurre mientras el consumo de alcohol sigue representando uno de los principales factores prevenibles de enfermedad y muerte.

Uno de los principales planteamientos de las organizaciones es modificar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), pasando de un esquema basado en el precio de venta a uno que grave el contenido de alcohol puro de cada bebida.

De acuerdo con los especialistas, esta medida reduciría la asequibilidad de las bebidas alcohólicas, disminuiría el consumo y permitiría recaudar más de 28 mil millones de pesos adicionales al año para fortalecer el Servicio Universal de Salud.

Actualmente, estiman que el costo económico y social del consumo de alcohol asciende a 552 mil millones de pesos anuales, equivalentes al 2.1 % del Producto Interno Bruto, mientras que la recaudación por concepto del IEPS cubre menos del 10 % de ese impacto.

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