Rebeca Marín

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una propuesta para evitar que deudores alimentarios se desempeñen como servidores públicos; dicha propuesta también incluye a personas condenadas por delitos de carácter sexual, violencia de género o intrafamiliar

De acuerdo con las propuestas, presentada por el diputado Alberto Martínez Urincho, es necesario de que los servidores públicos se conduzcan con ética, porque ello permite que la ciudadanía confíe en sus instituciones.

Además, precisa que todos los servidores públicos deben actuar bajo los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, profesionalismo, trasparencia, y competencia por mérito, eficacia y equidad, entre otros.

Otro de los objetivos de la propuesta es que abonará a prevenir la corrupción, garantizar igualdad y justicia; mejorar la calidad de los servicios, y asegurar la estabilidad del Estado.

La reforma al Artículo 7 de la capital también incorpora la perspectiva de género y busca proteger el bienestar de las infancias, al sancionar a los deudores alimentarios.

“Se trata de garantizar la supervivencia, salud y el desarrollo de este sector de la población y combate la violencia económica hacia las mujeres”.

Según datos del INEGI y organizaciones civiles, millones de padres incumplen con esta obligación económica, lo que significa que tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciban la pensión alimentaria, y que 67.5 por ciento de las madres solteras enfrenten solas la evasión de las obligaciones económicas de sus exparejas.

Señala que en México existe una marcada disparidad por género en la incidencia delictiva. “Mientras que los hombres sufren más delitos comunes en la vía pública, como robo, fraude y extorsión, las mujeres son las principales víctimas de delitos de violencia de género, violencia familiar y agresiones sexuales”.

Con relación a los delitos sexuales, la iniciativa resalta que se registran ocho cometidos contra mujeres y sólo uno contra hombres; El INEGI revela que la tasa de incidencia es de 4 mil 160 delitos sexuales por cada 100 mil mujeres, en contraste con los 546 por cada 100 mil varones.

La iniciativa precisa que la violencia familiar es uno de los delitos del fuero común con mayor registro en México, pues se abren entre 270 mil y 285 mil carpetas de investigación al año, cifra mucho menor a la realidad, de acuerdo con las llamadas a los servicios de emergencia y las encuestas de victimización del INEGI.

Por último, expone que alrededor de ocho de cada diez víctimas de violencia familiar son mujeres y niñas, y que a lo largo de su vida el 49.7 por ciento de las mexicanas ha experimentado alguna forma de violencia sexual y 34.7 por ciento ha sido víctima de violencia física.

La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración Pública Local, para que sea dictaminada.

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