Rebeca Marín

México deja de generar cerca de 251 mil millones de pesos al año por excluir del mercado laboral a personas con alguna discapacidad, revela un estudio realizado por Éntrale, Alianza por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad.

De acuerdo con el análisis realizado por la iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el monto equivale al 0.75 por ciento del producto interno bruto (PIB).

El estudio basado en datos del INEGI revela que 0.73 millones de personas en edad de trabajar en México están fuera de la fuerza laboral debido a su discapacidad, no a su edad. Apuntó que la brecha de participación laboral por discapacidad es de 15 puntos porcentuales, con 56.4 por ciento de participación entre las personas con discapacidad, en comparación con el 71.8 por ciento de las personas sin discapacidad.

El análisis muestra que al comparar personas con la misma educación, edad, sexo y región, cerca del 90 por ciento de esta brecha no se puede atribuir a características observables, lo que indica una exclusión estructural causada por barreras del entorno, procesos y sesgos, no por falta de talento.

El costo económico de esta exclusión es equivalente a 251 mil millones de pesos al año, lo que supera cuatro veces el presupuesto anual de la UNAM y representa aproximadamente la mitad del presupuesto de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PEF 2025).

El monto se encuentra por debajo de las estimaciones internacionales del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo, que sitúan el costo entre el 3 y el 7 por ciento del PIB.

Fernando Estrada, director ejecutivo de Éntrale, enfatizó que la conversación sobre la inclusión laboral en México ha cambiado, ya no es una cuestión de convicción, sino una cifra concreta. El costo de no incorporar a personas con discapacidad, que ya cuentan con experiencia y un entorno regulatorio que las considera, asciende a cerca de 251 mil millones de pesos anuales.

Entrele subrayó que este estudio llega en un momento crucial para la regulación: la norma internacional IFRS S1 será obligatoria para las emisoras de bolsa a partir de 2025, con un aseguramiento del auditor externo escalonado a partir de 2026, lo que hará que la inclusión laboral sea parte de la información financiera auditable. Además, el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2026-2030 reconoce la discapacidad como un tema de productividad.

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